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Full text of "España y Cuba, estado político y administrativo de la Grande Antilla bajo la dominación española"

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- 1 ..^ B í9f / 



Saríjart CoUegc litrarg 



COLLECTION ON CUBA 

FROM THE GIFT 0¥ 

ENRIQUE DE CRUZAT ZANETTI 

(Class ot 1B97) 
OF NEW YORK 
OCTOBEE I, 1906 




W >■ Zl<\SA.'S 






I 



ESPAÑA Y CUBA 



I 

I 



■> 



ISTADO POÜTIGO T ADMDISTBATITO 



da la 



BAJO LA SOMIIVACIÓN ESPAl^OLA 



MADRID 

|mvv«nta, IhuMOóu j FáhriM i» tínttm da loa Hijo» da J. A. Uai«la 

Cali* de CoHgtomane^f 6. 

1896 



ESPAÑA Y CUBA 



o 



ESPAii f CllBi 



ESTADO POLÍTICO T ADHISISTBiTITO 



de la 



BAJO LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA 



MADRID 
Impranta, ruidioláii y Fálurle* d« tintas de 1m Hijo» d« J. A. Gueia, 

CtUle de Campomatu», 6. 

1896 




SA\S\ff.^ OCT 1 1906 









')-> 



Es propiedad. 
Queda hecho el depósito 
que marca la ley. 



•^ ; 



DOS PALABRAS 



Contra la injusticia que falsea los 
hechos y busca en el error la razón de 
sus imputaciones , la verdad tiene de- 
recho á reclamar sus fueros y á impo- 
ner el respeto que merece. 

Sólo á restablecerla, con datos au- 
ténticos, enfrente de las injurias lan- 
zadas al rostro de España , se dirigen 
las páginas siguientes, en las cuales se 
presenta, ligeramente esbozado, el 
cuadro del estado legal de la isla de 
Cuba en los momentos actuales. 

Gítanse las fechas de todas las leyes 
y disposiciones que hoy rigen en la 
Antilla española, insertando integras 
algunas, para que puedan ser cónsul- 



f'' 



>.- 



I '. 



tadas fácilmente, y demuéstrase, al re- 
señar su índole y contenido, que en 
nada desdicen de los adelantos del "De- 
recho positivo, realizados en otros paí- 
ses, Cuba disfruta de todas las insti- 
tuciones jurídicas de que se hallan en 
posesión los pueblos más cultos del 
mundo, rivalizando en el goce de las 
übertades públicas aun con los consti- 
tuidos bajo gobiernos esencialmente 
democráticos. España está en Cuba con 

# 

todo el amplio espíritu de su régimen 
político, sin diferencia sustancial en 
ninguno de los órdenes de la vida so- 
cial y administrativa. Cuba dejó hace 
mucho tiempo de ser colonia para ser 
provincia española... Y los españoles 
pueden repetir con Napoleón : 

<0ú est le drapeauy lá est... I' Es- 
pugno 



' t 



I 

Las leyes de Indias. 

Su trasformaclón.~Rebeldia8 injustificadas. 

Siempre mostró España el decidido em- 
peño de favorecer los intereses y el bien- 
estar de sus posesiones ultramarinas. Des- 
cubridora de un mundo, se afanó desde lue- 
go, con el orgullo natural de quien tan 
grande empresa realizara, y con la solicitud 
propia del amor de madre, por rodear á sus 
nuevos hijos de todo género de garantías 
de prosperidad y desarrollo. La legislación 
de Indias es un monumento levantado á la 
rectitud y á la previsión, con que procuró la 
metrópoli que sus colonias floreciesen, gra- 
cias á la moderación y la justicia en que 
inspiró sus actos con relación á los mora- 
dores de las tierras conquistadas. 

En aquellas sabias leyes, fué prescripción 
primera y esencial, impuesta á los poblado- 
res, que inmediatamente de llegar á las pro- 
vincias de su encomienda, diesen á entender 
á los naturales la enseñanza de las buenas 
costumbres; que les instruyeran en la santa 
fe católica, predicándosela para su salva- 



8 

ción; que se les tratase, favoreciese y defen- 
diese como á los otros subditos y vasallos es- 
pañoles^ y que se les atrajese por tales y tan 
benéficos medios al señorío de la Penínsu- 
la; se dispuso que por ninguna vía pudieran 
recibir daño, pues sólo se deseaba su bien y 
conservación; se mandó poner sacerdotes en 
los lugares de Indias para doctrinarlos y 
defenderlos, y lo mismo se hizo con los es- 
clavos, los negros y los mulatos; se cons- 
truyeron y dotaron para ellos escuelas y 
hospitales; se prohibió que fueran castiga- 
dos con penas pecuniarias; se ordenó que 
sus pleitos se vieran con brevedad, y que los 
indios no pudieran vender sus hijas ni aun 
para contraer matrimonio; que se respeta- 
sen los usos y costumbres que para su buen 
gobierno tuvieran, y que las leyes que se 
dictasen en su favor se ejecutaran inme- 
diatamente y sin perjuicio de la apelación; 
garantizándose en otras muchas disposicio- 
nes la libertad de los indios, la posesión y 
disfrute de sus bienes, el remedio de los 
daños, molestias y vejámenes que sufrieran, 
y su defensa contra los agravios que pudie- 
ran inferírseles. 

Tal fué el primer Código llevado por Es- 
paña á sus dominios del otro lado de los 



mares, donde la cruz faé á un tiempo signo 
de redención y de cultura. 

«Vean los declamadores — escribía el in- 
signe Gampomanes — si Nación alguna tiene 
leyes y defensas tan especificas á favor de 
los indios, y si hubiera sido más convenien- 
te haberles dejado sacrificar sus vidas á los 
ídolos que reducirlos al cultivo del campo, 
á la vida civil y al conocimiento de la ley 
evangélica.» 

Y sin embargo, las leyes de Indias, dic- 
tadas para épocas primitivas de calma y de 
sosiego, de rumbos sencillos en la vida de 
aquellas tierras, de aislamiento mercantil y 
de exclusivismo local, tuvieron más tarde 
que dejar libre el paso á reformas adecua- 
das á las legítimas aspiraciones de los na- 
turales de América, cuya instrucción cre- 
ciente y cuyo comercio abundante y fruc- 
tuoso imponían la necesidad de convertir 
las colonias en provincias españolas, asimi- 
lándolas en organización , derechos y obli- 
gaciones al resto de la Monarquía. Así se 
viene haciendo desde los promedios de este 
siglo. 

Pero es circunstancia digna de notarse, 
que cabalmente los sacudimientos de la in- 
surrección cubana han coincidido con el 



10 

propósito alentado por la metrópoli de tras- 
portar á aquella tierra las más radicales in- 
novaciones, aceptadas como progreso en la 
Península. La rebeldía de Yara fué casi si- 
multánea de la revolución de 1868, hecha 
en nombre de las ideas democráticas. A 
pesar de ellas, la guerra separatista duró diez 
años, que no bastaron á atenuar las ener- 
gías de España, en tan crítico periodo aba- 
tida y arruinada por los esfuerzos que de- 
mandaron otras luchas intestinas, y termi- 
nada , al fin , con el triunfo de un perdón 
absoluto para los rebeldes, y de grandes y 
ventajosas concesiones para el país cubano 
en general. El actual movimiento rebelde se 
inició también en los momentos mismos en 
que las Cámaras de Madrid dedicaban toda 
su atención á resolver con criterio esencial- 
mente expansivo los problemas antillanos. 
¿Cómo justificar la extraña conducta de 
los que, alzados en armas, pretenden romper 
todo vínculo de unión con la madre patria? 
No hay razón que la explique, ni pretexto 
que la disculpe. España ha cumplido todos 
sus deberes de metrópoli atenta al inte- 
rés de sus colonias, y ha realizado todas sus 
promesas contenidas en la capitulación del 
Zanjón. 



I 



11 

Para demostrar lo primero, basta echar 
uDa mirada á la situación política y admi- 
nistrativa de la isla de Cuba, progresiva- 
mente amoldada á los adelantos introduci- 
dos en la legislación general de la nación. 
Para acreditar lo segundo, no es menester 
otro testimonio que el de los becbos, en per- 
fecta armonía con las demandas formula- 
das por los capitulados de 1878. 

Abolida totalmente la esclavitud, reco- 
nocidos á los cubanos los mismos derechos 
que á los demás españoles, sancionada su 
representación en Cortes, rodeada de garan- 
tías su administración provincial y muni- 
cipal, trascritas á aquél territorio las leyes 
civiles y penales que aplican los mismos 
tribunales que en la Península, organizada 
la instrucción pública sobre bases similares 
en uno y otro continente, regulada la vida 
económica en condiciones que facilitan la 
prosperidad de la riqueza pública en aquélla 
hermosa porción de la tierra americana, 
si algo faltaba á un régimen de administra- 
ción y gobierno enteramente libre de res- 
tricciones y menoscabos, locales ó regio- 
nales, la ley de 15 de Marzo de 1895 ha 
borrado todo recelo de egoísmos ó tiranías 
por parte de la metrópoli. 



II 



Capitulación del Zanjón. 

((Ck)iistitu{dos en Junta el pueblo y fuerza 
armada del Departamento del Centro y agru- 
paciones parciales de los otros Departamen- 
tos, como único medio hábil de poner tér- 
mino á las negociaciones pendientes en uno 
ó en otro sentido, y teniendo en cuenta el 
pliego de proposiciones autorizado por el 
General en Jefe del ejército español, resol- 
vieron por su parte modificar aquéllas pre- 
sentando los siguientes artículos de capitu- 
lación: 

Artículo i.* Concesión á la isla de Cuba 
de las mismas condiciones políticas, orgáni- 
cas y administrativas de que disfruta la isla 
de Puerto Rico. 

Art. 2.** Olvido de lo pasado respecto á 
los delitos políticos cometidos desde 1868 
basta el presente, y libertad de los encau- 
sados ó que se bailen cumpliendo condena 
dentro ó fuera de la isla. Indulto general á 
los desertores del ejército español, sin dis- 



14 

tinción de nacionalidad, haciendo extensiva 
esta cláusula á cuantos hubiesen tomado 
parte directa ó indirectamente en el movi- 
miento revolucionario. 

Art. S."* Libertad á los colonos asiáticos 
y esclavos que se hallen hoy en las filas in- 
surrectas. 

Art. 4.* Ningún individuo que en virtud 
de esta capitulación reconozca y quede bajo 
la acción del Gobierno español podrá ser 
compelido á prestar ningún servicio de gue- 
rra mientras no se establezca la paz en todo 
el territorio. 

Art. 5.** Todo individuo que en virtud 
de esta capitulación desee marchar fuera de 
la isla, queda facultado y le proporcionará 
el Gobierno español los medios de hacerlo, 
sin tocar en poblaciones, si así lo deseare. 

Art. 6.° La capitulación de cada fuerza 
se hará en despoblado, donde con antelación 
se depositarán las armas y demás depósitos 
de guerra. 

Art. 7.** El General en Jefe del ejército 
español, á ñn de facilitar los medios de que 
puedan avenirse los demás Departamentos, 
franqueará todas las vías de mar y tierra 
de que pueda disponer. 

Art. 8.° Consideran lo pactado con el 



\ 



15 

Comité del Centro como general y sin res- 
tricciones particulares todos los Departa- 
mentos de la isla que acepten estas condi- 
ciones. Campamento de San Agustín. Fe- 
brero 10 de 1878.=E. L. Luaces.=Rafael 
Rodríguez, secretario.» 

Comprende este documento: 

Organización política y administrativa de 
la isla de Cuba, conforme á la de Puerto 
Rico. 

Olvido de los delitos políticos, libertad de 
los encausados é indulto de los desertores. 

Emancipación délos colonos asiáticosy es- 
clavos, pertenecientes á las filas insurrectas. 

Vías expeditas para salir de la isla todo el 
que quisiera hacerlo, sin que se molestara 
para prestar servicios de guerra á los capi- 
tulados, mientras no se estableciera la paz 
en todo el territorio. 

A raíz de aquel suceso, no hubo la más 
pequeña queja de la sinceridad, más aún, de 
la cordialidad extrema con que fueron aco- 
gidos los capitulados. Toda disidencia des- 
apareció entre los que volvían á ser herma- 
nos. El General en Jefe y el Gobierno espa- 
ñol se complacieron en estrechar de nuevo 
con los insurrectos, una vez depuestas las 
armas, los lazos de afecto, consideración y 



16 

simpatía, que hubieran de abrirles de par 
eii par las puertas de la vida iiaciODal, com- 
partida, slo desigualdad alguna, cou los 
demás ciudadanos de España. A Madrid sc 
trasladaron algunos de ellos, muy significa- 
dos por su intervención en la guerra, y lejos 
de ser recibidos con prevención ó suspicacia 
en las esferas oSciales, obtuvieron posición 
administrativa y medios de subsistencia, al 
amparo del presupuesto general del Estado, 
entrando otros á desempeñar cargos en Ban- 
cos Ó Empresas mercantiles, ó ejerciendo 
artes ó industrias, con la protección expre- 
sa de los hombrea de mayor representación 
en la política (I¡. 

Cómo se cumplieron las demás cláusulas 
de la capitulación, fácil es también patenti- 
zarlo con datos absolutamente irrecusables. 

Precisamente la nueva organización de la 
isla de Cuba, que había de ser igual á la de 



(1) Con aatisfacoión de los Poderes públicos 
aignende3empe&andoca,rg09a.dniÍDÍstrativoa ea 
EspftQa Dábanos que tomaron parta ea la ante- 
rior guerra, como loa Srea. Martiaez Freiré, 
Fonaeca, Roa, Ramírez, Piguoredo y otros. En. 
el Banco Hipotecario sirvió D. Calixto Gatof a, 
y dedicado á, negocios estavo muolio tiempo en 
la metrópoli el actual cabeoillaLacret, que, como 
aquél, ha olvidado promesas ampañadaa y favo- 
res recibidos. 



17 

Puerto Rico, se ha planteado con espíritu 
tan franco y tan benévolo, gue hoy se que- 
jan los naturales de la pequeña Antil]a por- 
que el censo electoral es para ellos más res- 
tringido que para los cubanos. En esto, como 
en todo, lo realizado por la Metrópoli supera 
notoriamente á lo prometido en el Zanjón. 



III 



Abolición de la esclavitud. 

A contar de la capitulación del Zanjón, la 
esclavitud desapareció de la América espa- 
ñola, mediante disposiciones tutelares de la 
ciudadanía de todos aquellos habitantes, sin 
distinción de razas ni colores. Según el ar- 
tículo 3."* de la capitulación, sólo quedaban 
libres los colonos asiáticos y esclavos que á la 
sazón se hallaran en las filas insurrectas. 
La concesión fué, sin embargo, en la prácti- 
ca, mucho más amplia y generosa. Ya el de- 
creto de 15 de Octubre de 1868 declaró li- 
bres á todos los nacidos de mujer esclava, á 
partir de .17 de Setiembre anterior, y la 
ley de 4 de Julio de 1870 hizo igual decla- 
ración respecto de los hijos de esclava que 
nacieran después de publicada dicha ley, los 
que hubieran servido bajo la bandera de Es- 
paña, hubieran cumplido ó cumpliesen 60 
años ó pertenecieran al Estado. Otra dispo- 
sición de carácter general para Cuba, la ley 
de 13 de Febrero de 1880, abolió por com-^ 



20 

pleto el estado de esclavitud, previniendo 
que los siervos inscritos en el censo ultima- 
do en 1871 quedarían bajo el patronato do 
BUS poseedores durante el plazo de ocho años, 
como límite máximo, conforme á determi- 
nadas reglas de edad y proporcionalidad. 
Pero no llegó á trascurrir aquel período sin 
que el Gobierno español, anticipándose al 
precepto de la ley, declarase por Real de- 
creto de 7 de Octubre de 1886, que desde 
su promulgación en Cuba cesaría el patro- 
nato establecido en 1880, borrándose, en su 
consecuencia, defldltivamente y para siem- 
pre todo rastro de esclavitud en los domi- 
nios españoles. 

Gomo se ve, España concedió aún más de 
lo que habían pedido los capitulados de 1878^ 
así en la extensión de los derechos recono- 
cidos á los esclavos, como en el tiempo seña- 
lado por la ley para su completo plantea- 
miento. 

LEY DE 13* DE FEBRERO DE 1S80 

«Don Alfonso XII, por la gracia de Dios 
Rey constitucional de España. A todos los 
que la presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Gortes han decretado y nos sancio- 
nado lo siguiente: 



21 

Artículo 1 J* Cesa el estado de esclavitud 
en la isla de Cuba con arreglo á las pres- 
cripciones de la presente ley. 

Art. 2.' Los individuos que sin infrac- 
ción de la ley de 4 de Julio de 1870 se ha- 
llaren inscritos como siervos en el censo 
ultimado en 1871, y continuare^ en servi- 
dumbre á la promulgación de esta ley, que- 
darán durante el tiempo que en ella se de- 
termina bajo el patronato de sus poseedores. 

El patronato será trasmisible por todos 
los medios conocidos en derecho, no pu- 
diendo trasmitirse sin trasmitir al nuevo 
patrono el de los hijos menores de doce años 
y el de su padre ó madre respectivamente. 
En ningún caso podrán separarse los indi- 
viduos que constituyen familia, sea cual 
fuere el origen de ésta. 

Art. 3." El patrono conservará el dere- 
cbo de utilizar el trabajo de sus patrocina- 
dos, y el de representarlos en todos los actos 
civiles y judiciales con arreglo á las leyes. 

Art. 4.^ Serán obligaciones del patrono: 

i."* Mantener á sus patrocinados. 

2." Vestirlos. 

3.^ Asistirlos en sus enfermedades. 

4.^ Retribuir su trabajo con el estipen- 
dio mensual que en e^ta ley se determina. 



22 

S."* Dar á los menores la enseñanza pri- 
maria y la educación necesaria para ejer- 
cer un arte, oficio ú ocupación útil. 

6.* Alimentar, vestir y asistir en su» 
enfermedades á los hijos de los patrocina- 
dos que se hallen en la infancia y en la pu- 
bertad, nacidos antes y después del patro- 
nato, pudiendo aprovecharse sin retrihución 
de sus servicios. 

Art. 5."* A la promulgación de esta ley 
se entregará á los patrocinados una cédula, 
en la forma que determine el reglamento^ 
haciendo constar en ella la suma de los de- 
rechos y obligaciones de su nuevo estado. 

Art. 6.^ El estipendio mensual á que se 
refiere el art. 4.* en su párrafo 4.* será de 
uno ó dos pesos para los que tengan más de 
18 años y no hayan alcanzado la mayot 
edad. Para los que la hayan cumplido, el 
estipendio será de tres pesos mensuales. 

En caso de inutilidad para el trabajo de 
los patrocinados, por enfermedad ó por cual- 
quier otra causa, el patrono no estará obli- 
gado á entregar la parte de^estipendio que 
corresponda al tiempo que dicha inutilidad 
hubiera durado. 

Art. 7." El patronato cesará: 

1 .• Por extinción mediante el orden gra- 



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t 



■s 



23 

dual de edades de los patrocinados, de ma- 
yor á menor, en la forma que determina 
el art. 8.^ de modo que concluya definiti- 
vamente á los ocho años de promulgada es- 
ta ley. 

2.** Por acuerdo mutuo del patrono y 
del i^atrocinado sin intervención extraña, 
excepto la de los padres si fuesen conocidos, 
y en su defecto de las Juntas locales res- 
pectivas, cuando se trate de menores de 
veinte años, determinada esta edad en la for- 
ma que expresa el art. 1 3. 

3."* Por renuncia del patrono, salvo si 
los patrocinados fueren menores, sexagena- 
rios, ó estuvieren enfermos ó impedidos. 

4.' Por indemnización de servicios me- 
diante entrega al patrono de la suma de 30 
á 50 pesos anuales, según sexo, edad y cir^ 
cunstancias del patrocinado, por el tiempo 
que faltare á éste de los cinco primeros año& 
de patronato y el término medio de los tres 
restantes. 

5."* Por cualquiera de las causas de ma- 
numisión establecidas en las leyes civiles y 
penales, ó por faltar el patrono á los debe- 
res que le impone el art. 4."* 

Art. 8.* La extinción del patronato me- 
diante el orden de edades de los patrocina- 



24 

dos, i que se reñere el párrafo primero del 
articulo anterior, se veriñcará por cuartas 
partes del número de individuos sujetos á 
cada patrono, comenzando al terminar el 
quinto año, y siguiendo al final de los suce- 
sivos hasta que cese definitivamente al con- 
cluir el octavo. 

La designación de los individuos que de- 
ban salir del patronato mediante la edad, 
se hará ante las Juntas locales, con un mes 
de anterioridad á la terminación del quinto 
año 7 demás sucesivos. 

Si hubiere de la misma edad más indivi- 
duos de los que deban salir del patronato en 
un mismo año, un sorteo verificado ante 
dichas Juntas designará los que hayan de 
salir del patronato, que serán los que obten- 
gan número más bajo. 

Cuando el número de patrocinados, siendo 
mayor de cuatro, no fuera divisible por éste, 
el exceso aumentará un individuo á cada 
una de las primeras designaciones. 

Si el número de patrocinados no llega á 
cuatro, la designación se hará por terceras 
partes, por mitad, ó de una vez; pero la obli- 
gación del patrono no será exigible sino al 
final del sexto, sétimo ú octavo año respec- 
tivamente. 



Éi|-"- 



25 

El Reglamento fijará la forma, método y 
extensión de los registros y empadronamien- 
tos que hayan de servir para las designa- 
ciones. 

Art. 9.* Los que dejen de ser patrocina- 
dos en virtud de lo dispuesto en el art. 7.*, 
gozarán de sus derechos civiles, pero queda- 
rán bajo la protección del Estado y sujetos 
á las leyes y reglamentos que impongan la 
necesidad de acreditar la contratación de su 
crahajo ó un oficio ú ocupación conocidos. 
Los que fuesen menores de veinte años y no 
tuviesen padres, quedarán bajo la inmediata 
protección del Estado. 

Art. 1 0. La obligación de acreditar la 
contratación de su trabajo para los que ha- 
yan salido del patronato durará cuatro años, 
y los que la quebranten, ajuicio de la auto- 
ridad gubernativa, asesorada de las Juntas 
locales, serán tenidos por vagos para todos 
los efectos legales, y podrán ser destinados 
á prestar servicio retribuido en las obras 
públicas por el tiempo que según los casos 
determine el Reglamento. Trascurridos los 
cuatro años á que este artículo se contrae, 
los que fueren patrocinados disfrutarán de 
todos sus derechos civiles y políticos. 

Art. 1 1. Los individuos que estén coar- 



I 



tados á la promulgación de esta ley conser- 
-varán 8U nuevo estado de patrocisadoB los 
derechos adquiridos por la coartación. Po~ 
drán, además, utiliiar el beneficio consigna- 
do en el caso 4.* del art, 7.° entregando á 
SU3 patronos la diferencia que resulte entre 
la cantidad que tuviesen dada y la que co- 
rresponda por indemnización de servicios, 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo y 
caso mencionados. 

Art. 12. Los individuos que en virtod 
de lo dispuesto en la ley de 4 de Julio de 
1870, sean libres por haber nacido con pos- 
terioridad al 17 de Setiembre de 1868, esta- 
rán sujetos i las prescripciones de aquélla 
ley, excepto en todo lo que pueda serles más 
ventajosa la presente. 

Los libertos, á virtud del art. 19 de la 
expresada ley de 1870, quedarán bajo la 
inmediata protección del Estado, y obliga- 
dos á acreditar, basta que trascurran cuatro 
años, la contratación de su trabajo y demás 
condiciones de ocupación á que se re&eren 
los artículos 9." y 1 de la presente, 

Art. 1 3. Se entenderá que son menores 
para los efectos de esta ley loa que no hayan 
cumplido siete años, si la edad puede justi- 
ficarse, y en caso contrario se decidirá ésta 



27 

por las Juntas locales en vista de las cir- 
cunstancias físicas del menor, previo infor- 
me pericial. 

Art. 1 4. Los patronos no podrán impo- 
ner á los patrocinados, ni aun bajo el pre- 
texto de mantener el régimen del trabajo 
dentro de las fincas, el castigo corporal pro- 
hibido por el párrafo 2."* del art. 29 de la 
ley de 4 de Julio de 1870. Tendrán, sin em- 
bargo, las facultades coercitivas y discipli- 
narias que determine el Reglamento, el cual 
contendrá á la vez las reglas necesarias para 
asegurar el trabajo y el ejercicio moderado 
de aquella facultad. Podrán también los pa- 
tronos disminuir los estipendios mensuales 
proporcionalmente á la falta de trabajo del 
retribuido, según los casos y en la forma 
que el Reglamento fije. 

Art. 15. En cada provincia se formará 
una Junta, presidida por el Gobernador, y en 
su defecto por el Presidente de la Diputa- 
ción provincial, compuesta de un Diputado 
provincial, el Juez de primera instancia, el 
Promotor fiscal, el Procurador síndico de la 
capital y dos contribuyentes, uno de los cua- 
les será patrono. 

En los Municipios donde convenga, á jui- 
cio de los respectivos Gobernadores y previa 



28 

aprobación del Gobernador general, se for- 
marán también Juntas locales, presididas 
por el Alcalde, y compuestas del Procurador 
síndico, uno de los mayores contribuyentes 
y dos vecinos honrados. Estas Juntas y el 
Ministerio fiscal vigilarán por el exacto 
cumplimiento de esta ley, y tendrán, además 
de las atribuciones que la misma determina, 
las que el reglamento les confiera. 

Art. 1 6. Los patrocinados estarán some- 
tidos á los Tribunales ordinarios por los de- 
litos y faltas de que fueren respons^ables con 
arreglo al Código penal, exceptuándose de 
esta regla los de rebelión, sedición, atentado 
y desórdenes públicos, respecto á los cuales 
serán juzgados por la jurisdicción militar. 

Esto no obstante, los patronos tendrán 
derecho á que la autoridad gubernativa les 
preste su auxilio contra los patrocinados 
que perturben el régimen del trabajo, cuan- 
do su acción no fuere suficiente para im« 
pedirlo, pudiendo aquélla, á la tercera re- 
clamación justificada, obligar al patrocinado 
á trabajar en las obras públicas por el pe- 
ríodo que fije el reglamento, según los ca- 
sos, dentro del tiempo que reste para la ex- 
tinción del patronato. Si el patrocinado rein- 
cidiere después de haber sido destinado una 



29 

vez al servicio expresado, lo abandonase ó 
perturbase gravemente el orden del mismo, 
podrá el Gobernador general, dando cuenta 
razonada al Gobierno, ordenar que se le tras- 
lade á las islas españolas de la costa de 
África, donde permanecerá sujeto al ré- 
gimen de vigilancia que fijare el regla- 
mento. 

Art. 17. El reglamento á que se refiere 
esta ley, se formará por el Gobernador ge- 
neral de la isla, oyendo al Arzobispo de 
Santiago de Cuba y al Obispo de la Habana, 
á la Audiencia de esta última y al Consejo 
de administración, dentro de los sesenta 
días de recibida aquélla, y al cumplirse 
este plazo improrrogable, publicará y plan- 
teará simultáneamente dicha Autoridad la 
ley y el reglamento, sin perjuicio de re- 
mitirlo por el primer correo á la aproba- 
ción del Gobierno, que resolverá definitiva- 
mente lo que corresponda en el plazo de 
un mes, previa audiencia del Consejo de 
Estado. 

Art. 18. Quedan derogadas todas las le- 
yes, reglamentos y disposiciones que se 
opongan á la presente ley, sin perjuicio de 
los derechos ya adquiridos por los esclavos 
y libertos conforme á la de 4 de Julio de 1 870, 



30 

en todo lo que no esté expresamente modi- 
ficado por los artículos anteriores. 

Por tanto: 

Mandamos á todos los Tribunales, Jus- 
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Autori- 
dades, así civiles como militares y eclesiás- 
ticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu- 
tar la presente ley en todas sus partes. 

l^ado en Palacio á 13 de Febrero de 
1880.=YoelRey.==Bl Ministro de Ultra- 
mar, José Elduayen.» 

REAL DECRETO DE 7 DE OCTUBRE DE 1886 

«A propuesta del Ministro de Ultramar, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en 
nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Al- 
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1." Desde que este decreto sea 
promulgado en la isla de Cuba, cesará el pa- 
tronato establecido por la ley de 1 3 de Fe- 
brero de 1880. 

Art. 2.^ Los actuales patrocinados que- 
darán en la situación de aquellos á quienes 
se refiere el art. 7.'' de la ley citada, y su- 



81 

jetoa por tanto, á las prescripciones de los 
arts. 9.'' 7 10 de la misma. 

Art. 3."* Las Autoridades cuidarán es- 
crupulosamente de que se observen las dis- 
posiciones del capítulo 4."* del reglamento 
de 8 de Mayo de 1880, y de que sin pérdida 
de momento se provea á los nuevos libertos 
de la cédula á que se refiere el art. 83 del 
mismo reglamento. 

Art. 4."* Independientemente de la obli- 
gación que á los delegados del Gobierno im- 
pone el art. 73 del reglamento de 8 de Ma- 
yo, los que habiendo salido del patronato se 
hallasen dentro del plazo de los cuatro años 
á que alude el art. 10 de la ley, deberán 
presentar cada tres meses al Alcalde de la 
localidad en que residieren, la cédula de li- 
berto y el documento que acredite que se 
hallen contratados para el trabajo. 

Los Alcaldes llevarán un registro de los 
que se hubiesen presentado, y pondrán á los 
infractores á disposición de la Autoridad 
superior de la provincia para que cumpla 
lo dispuesto en el art. 1 de la ley de i 3 
de Febrero y sus concordantes del regla- 
mento de 8 de Mayo. 

Art. S."" Quedan suprimidas las Juntas 
provinciales y locales creadas por el artícu- 



lo 15 de la ley de 13 de Febrero, y deroga- 
das cuantas disposiciODes se opongan i las 
contenidas en el presente decreto. 

DadoeDPalacioáTde Octubre de 1886.= 
María Cristina.^El Ministro de Ultramar, 
Germán Gamazo.» 



] 



IV 



Organización política. 

La Constitución del Estado de 2 de Julio 
de 1876 se promulgó en la isla de Cuba por 
Real decreto de 7 de Abril de 1881, trans- 
formándose así el sistema de gobierno de 
aquella provincia en condiciones tales, que 
sus habitantes disfrutan por entero de todos 
los derechos anexos á la calidad de ciudada- 
nos españoles. 

En su virtud, no pueden ser detenidos 
sino en los casos y en la forma que las leyes 
prescriben, debiendo ser puestos en libertad 
ó entregados á la Autoridad judicial, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes al acto 
de la detención. Esta se dejará sin efecto, ó 
elevará á prisión, dentro de las setenta y dos 
horas de haber sido entregado el detenido 
al Juez competente. La providencia que se 
dictare se notificará al interesado, dentro del 
mismo plazo. (Art. 4.*" de la Constitución.) 

Ningún español, y por consiguiente, nin- 
gún cubano, podrá ser preso sino en virtud 



u 

dQ maDdainiento de Juez competente. El 
auto en que se baya dictado el mandamieD- 
to se ratificará ó repoQdrá, oido el presunto 
reo, dentro de las setenta y dos boras si- 
guientes al acto de la prisión. Toda persona 
detenida ó presa sin las formalidades lega- 
les, 6 fuera de los casos previstos en la Cons- 
titución y l^s leyes, será puesta en libertad 
á petición suya ó de cualquier español. (Ar- 
tículo 5.") 

Nadie podrá entrar en el domicilio de un 
cubano sin su consentimiento, excepto en 
los casos y en la forma previstos en las 
leyes. {Art. B.") 

No podrá detenerse ni abrirse su corres- 
pondencia confiada al correo. (Ar. 7.°) 

No podrá ser compelido á mudar de do- 
micilio ó residencia, sino en virtud de man- 
dato de Autoridad competente y en los casos 
previstos por las leyes. (Art. 9.°) 

No se le inpondrá jamás la pena de conEls- 
cación de bienes, ni podrá ser privado de su 
propiedad, sino por Autoridad competente y 
por causa justificada de utilidad publica, 
previa siempre la correspondiente indemni- 
zación. Si no precediere este requisito, los 
Jueces ampararán, y en su caso reintegrarán 
en la posesión al expropiado. (Art. 10.) 



35 

Siendo la religión católico-apostólica ro- 
mana la del Estado, ningún cubano será, 
sin embargo, molestado por sus opiniones 
religiosas, ni por el ejercicio de su respecti- 
vo culto, salvo el respeto debido 'á la mo- 
ral cristiana. (Art. 11.) 

Cada cual es libre en toda España de ele- 
gir su profesión y de aprenderla como mejor 
le parezca, pudiendo fundar y sostener es- 
tablecimientos de instrucción ó de educa- 
ción, con arreglo á las leyes. (Art. 12.) 

Todo cubano, como todo español, tiene de- 
recho: 

De emitir libremente sus ideas y opi- 
niones, ya de palabra, ya por escrito, valién- 
dose de la imprenta ó de otro procedimiento 
semejante, sin sujeción á la censura previa. 

De reunirse pacíficamente. 

De asociarse para los fines de la vida hu- 
mana. 

De dirigir peticiones, individual ó colec- 
tivamente, al Rey, á las Cortes y á las Au- 
toridades. 

Sólo se exceptúa del derecho de petición 
á la fuerza armada. (Art. 13.) 

Todos los cubanos son admisibles á los 
empleos y cargos públicos, según su mérito 
y capacidad. (Art. 15.) 



36 

El respeto recíproco de los derechos con- 
cedidos por la Constitución á los cubanos 
está garantizado por los preceptos de las le- 
yes complementarias que establecen la res- 
ponsabilidad civil y penal á que han de que- 
dar sujetos, según los casos, los Jueces, Auto- 
ridades y funcionarios de todas clases que 
los quebranten ó menoscaben en cualquier 
concepto. (Art. 14.) 

Todas estas garantías, que dan á la ciu- 
dadanía de los habitantes de Cuba el más 
amplio sentido protector, en relación con 
las leyes políticas de los demás Estados, aun 
los más democráticos, obtuvieron el desarro- 
llo conveniente, mediante la organización 
de la isla en provincias y Municipios, y al 
amparo, sobre todo, del derecho que se le re- 
conoció de tener representación en Cortes, 
con arreglo á los preceptos contenidos en los 
dos siguientes artículos de la Constitución. 

«Art. 89. Las provincias de Ultramar se- 
rán gobernadas por leyes especiales; pero el 
Gobierno queda autorizado para aplicar á 
las mismas, con las modiñcaciones que juz- 
gue convenientes, y dando cuenta á las Cor- 
tes, las leyes promulgadas ó que se pro- 
mulguen para la Península. 

Cuba y Puerto Rico serán representadas 



37 

en las C!ortes del Reino en la forma que de- 
termine una ley especial, que podrá ser di- 
versa para cada una de las dos provincias. 

Artículo transitorio. El Gobierno deter- 
minará cuándo y en qué forma serán ele- 
gidos los representantes á Cortes de la isla 
de Cuba.» 

Están, pues, sólidamente reconocidas por 
la ley en favor de los cubanos: la seguridad 
personal, la del domicilio, la de la corres- 
pondencia, el derecho de propieáad,el de su- 
fragio, la libertad de conciencia, la de ense- 
ñanza y profesión, arte ú oficio, la del pensa- 
miento, la de imprenta-sin censura previa-, 
la de reunión, la de asociación, la de peti- 
ción, la aptitud respectiva para optar á todos 
los cargos ó destinos públicos, el régimen 
muaicipal y provincial, con vida propia: — 
¿cabe hablar del «despotismo de la Metró- 
poli», ni de la «irritante condición de la isla 
de Cuba?» 



/i 



Derecho electoral. 

Senadores y Diputados á Cortes. 

Rige, para la elección de Senadores, la ley 
de 9 de Enero de 1879, que autoriza á elegir 
tres por la provincia de la Habana; dos, 
respectivamente, por las de Matanzas, Pinar 
del Río, Puerto Príncipe, Santa Clara y San- 
tiago de Cuba, y uno por el Arzobispado de 
Santiago de Cuba, otro por la Universidad 
de la Habana y otro por la Sociedad Eco- 
nómica. 

El procedimiento electoral está regulado 
en la ley de 8 de Febrero de 1877, gue es- 
tablece el sistema de elección por las Dipu- 
taciones provinciales y los compromisarios 
que nombren los Ayuntamientos y mayores 
contribuyentes, en votación secreta, para 
que éstos á su vez, y del mismo modo, elijan 
á los Senadores. 

Para la elección de Diputados á Cortes está 
vigente la ley de 27 de Diciembre de 1892, 



40 

que prescribe el sistema directo de elección» 
en la proporción de un Diputado á lo menos 
para cada 50.000 almas, por todos los ma- 
yores de 25 años, contribuyentes, dentro ó 
fuera del distrito, por la cuota mínima de 
5 pesos (siendo acumulables las diferentes 
cuotas que se paguen), ó investidos con ti- 
tulo profesional ó académico; establece re- 
glas para la formación anual del censo elec- 
toral y el procedimiento para la constitu- 
ción de los colegios electorales; facilita la 
emisión del voto, que es secreto, y da repre- 
sentación á las minorías, preceptuando, por 
fin, la división territorial de Cuba para las 
elecciones. Cuba elige 30 Diputados á Cortes. 
Todo á semejanza de lo que se hace en la 
Península. 

Hé aquí la disposición relativa á la elec- 
ción de Senadores: 

«Articulo 1.* Con arreglo al artículo 
adicional de la ley de 8 de Febrero de 1877, 
cada una de las provincias de la Habana y 
Puerto Rico elegirá tres Senadores, y dos 
respectivamente cada una de las de Matan- 
zas, Pinar del Río, Puerto Príncipe, Santa 
Clara y Santiago de Cuba. 

Asimismo, y con sujeción á la propia ley, 
elegirán un Senador el Arzobispo de San- 



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él 

tiago de Cuba con sus Sufragáneos y Ca- 
bildos correspondientes; otro la Universidad 
de la Habana con los Institutos y Escuelas 
especiales de Cuba y Puerto Rico, y otro las 
Sociedades Económicas de ambas islas. » 

Véanse los preceptos relativos á la elec- 
ción de Diputados á Cortes: 

«Artículo 1."* Serán elegidos directa- 
mente los Diputados á Cortes por electores 
en los colegios ó secciones en que para tal 
objeto se subdivirán las circunscripciones y 
los distritos establecidos ó que se establez- 
can en las islas de Cuba y Puerto Rico. Des- 
pués de admitidos en el Congreso de los Di- 
putados, representarán con los de la Penín- 
sula, individual y colectivamente, á la Na- 
ción. 

Art. 2.'' Se elegirá un Diputado á lo me- 
nos por cada 50.000 almas, incluyendo toda 
la población que actualmente tientan las An- 
tillas, sin distinción de razas. 

Art. 3."^ El Gobierno queda autorizado 
para determinar, en vista del resultado de 
la estadística de población de las islas de 
Cuba y Puerto Rico, el número de Diputa- 
dos que han de elegir, conservando, en 
cuanto sea posible, la división actual de las 
mismas en circunscripciones y distritos y ^u 



42 

subdivisiÓQ en seccioces. dada término mu- 
nicipal constituirá una sección, si no exce- 
de de 100 el número de sus electores, dos 
si no excede de 200, tres si no excede de 300, 
y así sucesivamente. 

Art. 4."* Sólo por una ley especial podrá 
modificarse el número de Diputados que co- 
rresponda elegir á las provincias de Cuba y 
Puerto Rico, ó variar la demarcación y ca- 
pitalidad de sus circunscripciones, distritos 
y secciones. 

Ar. 5.' Para ser admitidos como Dipu- 
tados en el Congreso, se necesita: 

Primero. Ser español, de estado seglar, 
haber cumplido veinticinco años de edad 
antes del día en que se verifique la elección 
y gozar de todos los derechos civiles. Los 
que habiendo nacido ciudadanos españoles 
hubieren perdido esta nacionalidad y vol- 
vieran á adquirirla con arreglo á las leyes, 
tendrán que acreditar, para ser admitidos 
por el Congreso como tales Diputados, que 
recuperaron su primera condición de espa- 
ñoles un año antes, cuando menos, del día 
en que fueron elegidos. 

Segundo. Haber sido elegido y procla- 
mado electo en un distrito electoral ó en el 
Congreso con arreglo á las disposiciones de 



48 

esta ley y las del Reglamento del mismo 
Cuerpo. 

Tercero. No estar inhabilitado por cual- 
quier motivo de incapacidad personal para 
obtener él cargo. 

Cuarto. No estar comprendido en nin- 
guno de los casos que establece la ley de in- 
compatibilidades. » 

«Art. 12. Sólo tendrán derecho á votar 
en la elección de Diputados á Cortes los 
que estuvieren inscritos como electores en 
las listas del censo vigente al tiempo de ha- 
cerse la elección. 

Art. 1 3» Tendrá derecho á ser inscrito 
como elector en las listas del censo electo- 
ral de la sección de su respectivo domicilio 
en las islas de Cuba y Puerto Rico todo es- 
pañol que, habiendo cumplido la edad de 
veinticinco años, sea contribuyente dentro 
ó fuera del mismo distrito por la cuota mí- 
nima al Tesoro de & pesos en Cuba y i O pe- 
sos en Puerto Rico por contribución territo- 
rial ó por impuesto urbano, industrial ó de 
comercio, siempre que acredite que está sa- 
tisfaciendo dicha cuota en er momento de 
solicitar su inscripción en listas del censo 
electoral. Serán acumulables, ÚQicamente 
para los efectos del párrafo anterior, las re- 



u 

feridas contribuciones ó impuestos que se 
pagan al Est&do. 

Art. i 4. Para computar la contribución 
á los que pretendan el derecho electoral, se 
tendrán como bienes propios: 

Primero. Con respecto á los maridos, 
los de sus mujeres mientras subsista la so- 
ciedad conyugal. 

Segundo. Con respecto á los padres, los 
de sus hijos de que sean legítimos adminis- 
tradores. 

Tercero. Con respecto á los hijos, los 
suyos propios de que por cualquier concep- 
to sean sus madres usufructuarias. 

Art. 15. Para los efectos electorales se 
computará á los socios de Ciompañías que 
no sean anónimas la contribución que como 
tales satisfagan, distribuida entre los que 
las formen en proporción al interés que ca- 
da uno tenga en la Sociedad; y no siendo 
éste conocido, por iguales partes. La exis- 
tencia de estas Sociedades ó Compañías, y 
la participación en ellas de cada socio, así 
como los caracteres de los que las consti- 
tuyan, deberá acreditarse por escritura pú- 
blica, inscrita en el Registro correspon- 
diente. 

Art. 16. En todo arrendamiento ó apar- 



i'.^Mi.átmmtitma 



45 

cería se imputarán, para los efectos de esta 
ley, los dos tercios de la contribución al 
propietario, y el tercio restante al colono ó 
colonos, siempre que por escritura pública, 
debidamente registrada en su caso, se prue- 
be que existe el arrendamiento ó aparcería 
con un año de antelación. 

lyjs Notarios expedirán en papel de oficio 
y sin exacción de derechos las copias de los 
documentos á que se refieren este artículo 
y el anterior; y los Registradores de la pro- 
piedad, en su caso, extenderán también gra- 
tis y en igual papel las certificaciones de 
anotación ó inscripción, expresando unas y 
otras el objeto á que se destinan los docu- 
mentos, para que no puedan ser presenta- 
dos ni admitidos en Tribunales, Juzgados 
ni oficinas, á fin distinto del que determina 
este decreto. 

Art. 1 7. También tendrán derecho á ser 
inscritos en las listas electorales siempre 
que hayan cumplido veinticinco años: 

1.^ Los individuos de número de las Rea- 
les Academias Española, de la Historia, de 
San Fernando, de Ciencias exactas, físicas y 
naturales, de Ciencias morales y políticas, y 
de Medicina. 

2.*" Los individuos de los Cabildos ecle- 



46 

siásticos y los curas párrocos y sus tenien- 
tes ó coadjutores. 

ZJ* Los empleados activos de todos los 
ramos de la Administración pública, de las 
Diputaciones y de los Ayuntamientos, que 
gocen por lo menos 100 pesos anuales de 
sueldo dos años antes de su inscripción en 
el censo, y los cesantes y Jubilados, cual- 
quiera que sea su haber, así como los jefes 
de Administración cesantes, aunque no ten- 
gan ninguno. 

4.* Los oficiales generales del ejército y 
armada exentos del servicio, y los jefes y 
oficiales militares y marinos retirados con 
goce de pensión por esta cualidad ó por la 
cruz pensionada de San Fernando, aunque 
sean de la clase de soldados. 

5.** Los que llevando dos años de resi- 
dencia por lo menos en el término del Mu- 
nicipio, justifiquen su capacidad profesional 
ó académica por medio de título oficial. 

6.** Los pintores ó escultores que hayan 
obtenido premio en Exposiciones nacionales 
ó internacionales. 

7.** Los relatores ó secretarios de Sala y 
escribanos de cámara de los Tribunales Su- 
premos y superiores, y los notarios y pro- 
curadores, escribanos de Juzgados y agentes 



4,7 

colegiados de negocios que se hallen en los 
mismos casos que los del párrafo sexto. 

Art. i 8. No podrán ser electores los que 
se hallaren en cualquiera de los casos ex- 
presados en los párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto del art. 6.® 

Los individuos á que se reñere el párrafo 
segundo del caso 1."* del art. 5."* de este de- 
creto, sólo podrán ejercer el derecho electo- 
ral cuando acrediten haher cumplido las 
condiciones que para su elegibilidad les exi- 
ge la mencionada disposición. 

' Art. 1 9. Con arreglo á las precedentes 
disposiciones, se completarán las listas elec- 
torales, y así formadas, constituirán el cen- 
so electoral permanente.» 



hílniíiM'inni 



VI 



Derechos de reunión y asociación. 

Desarrollando el precepto del art. 1 3 de 
la Constitución, que determina que todo es- 
pañol tiene derecho de reunirse pacificamen- 
te y de asociarse para los ñnes de la vida 
humana, y de cuyo ejercicio nadie puede ser 
privado sino temporalmente y en virtud de 
una ley, cuando asi lo exija la seguridad del 
Estado en circunstancias extraordinarias, se 
publicó en la Península la de 1 5 de Junio 
de 1880, que regula el derecho de reunión 
pacífica, y la de 30 de Junio de 1887, rela- 
tiva di de asociación, las cuales se hicieron 
extensivas á Cuba por Reales decretos de 1/ 
de Noviembre de 1881 y 12 de Junio de 1888 
respectivamente. 

La ley de reuniones dispone que para au- 
torizar libremente toda reunión pacífica, es 
preciso dar cuenta veinticuatro horas antes, 
al Gobernador de la provincia, del lugar, día 
y hora de la reunión; define lo que se en- 
tiende por tal; las que deben prohibirse y las 



50 

que no necesitan permiso; prescribe que á 
toda reunión pública puede asistir la Autori- 
dad personalmente ó por medio de sus dele- 
gados, 7 previene los casos en que la Autori- 
dad mandará suspender ó disolver el acto. 

La ley de asociaciones somete á su cono- 
cimiento las destinadas á ñnes religiosos, 
políticos, cientíñcos, artísticos, benéñcos y de 
recreo ó cualesquiera otros lícitos que no 
tengan por misión y exclusivo objeto el lu- 
cro ó la ganancia, así como también los 
gremios, las sociedades de socorros mutuos, 
de previsión, de patronato y las cooperati- 
vas de producción, de crédito ó de consumo» 
sin más excepción que las asociaciones de 
la religión católica, autorizadas en España 
por el Concordato, las sociedades que se 
propongan un objeto meramente civil ó co 
mercial, que se regirán por las disposiciones 
del derecho civil ó del mercantil, y los ins- 
titutos ó corporaciones que existan ó fun- 
cionen en virtud de leyes especiales; regula 
la forma y requisitos para su constitución y 
sus relaciones con la Autoridad gubernativa 
y organiza un Registro para tomar razón 
de todas las asociaciones que se establezcan. 

El decreto de 12 de Junio de 1888, que 
hizo extensiva dicha ley á Cuba, no intro- 



•¿^ÜHÍMMt*. 



\-, 



51 

dujo más alteración que merezca notarse, 
que la de redactar el núm. 1.* del art. 2.% 
referente á exceptuar de las disposiciones de 
la ley las asociaciones de la religión cató- 
licas autorizadas en España por el Concor- 
dato, en la forma siguiente: «Las asocia- 
ciones de la religión católica autorizadas 
por las disposiciones canónicas que deter- 
minan los derechos de la Iglesia y por las 
civiles que regulan los del Real Patronato.» 



vil 

B Gobernador general. 

Es la primera Autoridad de la isla, y tiene 
la representación suprema del Gobierno. Sus 
atribuciones, hoy modificadas por la Ley de 
15 de Junio de 1895, están definidas en el 
siguiente texto: 

RBAL DEGRBTO D2 9 DB JUNIO DB 1878 

«A propuesta del Ministro de Ultramar, y 
de acuerdo con el CSonsejo de Ministros, ven- 
go en decretar lo siguiente: 

Articulo I."* El Grobernador General es la 
Autoridad superior, representante del Gobier- 
no de la Nación en la isla de Cuba y delegado 
^n ella de los Ministerios de Ultramar, de 
Estado, de la Guerra y de Marina. Ejerce 
además como vicerreal patrono las faculta- 
des inherentes al Patrón") to de Indias, con- 
forme á las Bulas Pontificias y leyes del 
Reino. Su autoridad se extiende á todo cuan- 
to conduce á la conservación del orden pú- 



54 

blico, al mantenimiento de la integridad del 
territorio, á la observancia y ejecución de 
las leyes, y á la protección de las personas y 
de las propiedades. 

Tiene el mando superior del ejército y de 
la armada de la isla, y dispone de las fuer- 
zas de mar y tierra con sujeción respectiva- 
mente á las Ordenanzas generales de la ar- 
mada y á las prescripciones que rigen en el 
ramo de Guerra. Todas las demás Autorida- 
des de la Isla le están subordinadas. 

Art. 2." Sus atribuciones son: 

Primero. Publicar, circular, ejecutar y 
hacer que se ejecuten en las provincias de su 
mando las leyes y decretos, órdenes y dispo- 
siciones de carácter general, dictadas por los 
Ministerios de que es delegado superior, así 
como los tratados y convenios internacio- 
nales, y corresponderse con los Cónsules de 
S. M. y Agentes diplomáticos en América 
sobre negocios de política exterior. 

Segundo. Vigilar é inspeccionar todos 
los ramos del servicio público del Estado en 
la isla y dar cuenta á los Ministros que re* 
presenta, de lo que advierta en los asuntos 
de su respectiva competencia. 

Tercero. Ejercer la prerrogativa de in- 
dulto en todos aquellos casos en que la ur- 



65 

gencia y gravedad de las circunstancias y 
la incomunicación con la Península no le 
permitan consultar por escrito ó telegráfica 
mente sobre la necesidad y conveniencia de 
la concesión del indulto, en la forma que 
establecen las Reales órdenes de 29 de Mayo 
de 1855 y posteriores. 

Cuarto. Aplicar, oyendo previamente á 
la Junta de Autoridades, en las circunstan- 
cias extraordinarias, motivadas por sucesos 
interiores ó exteriores, que puedan compro- 
meter ó perjudicar la seguridad y defensa 
del territorio, y en las cuales fuese dilatoria 
la consulta al Gobierno Supremo, la ley de 
17 de Abril de 1821, ó á la de orden públi- 
co, sin perjuicio de los efectos que deba pro- 
ducir en su caso la primera de ella#. 

Quinto. Guando las resoluciones emana- 
das del Gobierno puedan ocasionar pertur- 
bación en el orden, moral ó materialmente, 
ó comprometer de una manera grave los 
intereses públicos por las circunstancias 
que ocurriesen al ser conocidos en la isla, ó 
por consideraciones que el mismo Gobierno 
no pudiera tener presentes al dictarlas, el 
Gobernador general podrá suspenderlas. 

No deberá decretar esta suspensión sino 
después de oír á la Junta de Autoridades, y 



dando cuenta al Gobierno por el conducto y 
en el plazo más breve y expedito. 

Sexto. Suspender, por iguales causas, la 
jecnción de los acuerdos dictados por las 
autoridades subordinadas, aunque fuesen de 
a competencia de ellas y debieran producir 
odOB sus efectos en circunstancias ordina- 
ias, exponiendo inmediatamente los moti- 
vos á los Ministerios respectivos para la re- 
olución que sea debida, 

Art. 3.' Gorresponde,ademia,al6oberna- 
lor general, como Jefe superior de todos los 
amos civiles de la administración pública. 

Primero. Mantener la integridad de la 
uriadicción administrativa, con arreglo á 
as disposiciones que rigen en materia de 
iompeteocias de jurisdicción y atribuciones. 

Segundo. Publicar bandos y dictar las 
lisposieiones generales necesarias para el 
umplimiento de las leyes y reglamentos, y 
tara el gobierno y administración de la isla, 
ando de ellos cuenta al Ministerio de VI- 
ramar. 

Tercero. Proponer al Gobierno cuanto 
oncierne al fomento de los intereses mora- 
es y materiales, y no sea de la competencia 
e tas Autoridades y Corporaciones provin- 
iales ó municipales. 



57 

Cuarto. Señalar los establecimientos pe- 
nales en que deban cumplirse las condenas, 
y disponer el ingreso en ellos de los pena- 
dos, 7 designar también el punto de confi- 
namiento, cuando los tribunales impongan 
esta pena. 

Quinto. Suspender las Asociaciones 7 
€k)rporaciones que delincan. 

Sexto. Ordenar á los Gobernadores de 
las provincias la imposición de multas á los 
funcionarios 7 á las Corporaciones, 

Sétimo. Suspender, por causa justifi- 
cada en expediente, á los funcionarios de la 
Administración CU70 nombramiento corres- 
ponda al Gobierno, dando á éste cuenta in- 
mediata, 7 proveer interinamente las va- 
cantes, con arreglo á las disposiciones que 
rijan, ó que se dicten en lo sucesivo. 

Octavo. Conceder 7 negar la autoriza- 
ción para procesar & los funcionarios del 
orden administrativo, con arreglo á lo dis- 
puesto en la materia. 

Art. 4.* El Gobernador general ejercerá 
todas las demás atribuciones de gobierno 
que las leyes le señalen ó le delegue el Go- 
bierno Supremo. 

Art. 5.® El Gobernador general se en- 
tiende 7 comunica directamente con los Mi- 



68 

nistroa, de que es representante y delegado 
en la isla, y por su conducto habrán de co* 
rrespODderse las Autoridades de cada ramo 
con los respectivos Ministerios, en tos casos 
en que deban hacerlo con sujeción á las dis- 
posiciones vigentes. 

Art. 6.° El gobernador general podrá 
modiücar ó revocar bus providencias y las 
de sus antecesores, á no ser que hayan sido 
confirmadas por el Gobierno, Ó sean decla- 
ratorias ó reconoceloras de derechos, 6 ha- 
yan servido de base á alguna sentencia ju- 
dicial ó contencioso-admioistrativa. 

No podrá modificar ó revocar por sí mis- 
mo las resoluciones que adopte acerca de 
su competencia y concediendo ó negando 
autorización para procesar. 

Art. 7." Las providencias del goberna- 
dor general dictadas en materia de gobier- 
no ó en el f^ercicio de sus facultades dis- 
crecionales, y las que tengan carácter gene- 
ral ó reglamentario, pueden ser revocadas ó 
reformadas por el Gobierno Supremo, cuan- 
do éste las juzgue contrarias á las leyes, re- 
glamentos ó disposiciones de carácter gene- 
ral ó inconvenientes para el gobierno ; 
buena administración de la isla; y también 
cuando contra ellas se eleven reclamaciones 



59 

de un particular que considere lastimados 
sus derechos, siempre que éstos no hayan 
de sujetarse á la declaración correspondien- 
te en la vía contenciosa ante el Cíonsejo de 
Administración ó de una Corporación, ó del 
mismo Gohernador general, que entendieren 
perjudicados los intereses de la Adminis- 
tración. 

Art. 8."* C!ontra las resoluciones del Go- 
bernador general que causen estado, proce-> 
derá el recurso contencioso-administrativo 
con sujeción á las disposiciones vigentes. 

Art. 9."^ El Gobernador general será 
nombrado y separado por Real decreto ex- 
pedido por la Presidencia del Consejo de Mi- 
nistros, y con acuerdo de éste, á propuesta 
del Ministro de Ultramar. 

Art. 1 0. No podrá hacer entrega de su 
cargo ni ausentarse de la isla sin expreso 
mandato del Gobierno. 

Art. 11. En caso de muerte, ausencia ó 
imposibilidad, será reemplazado por el Ge- 
neral segundo cabo, mientras el Gobierno 
no designare la persona que haya de sus- 
tituirle interinamente. 

Si la ausencia fuere sólo de la capital de 
la isla, continuará desempeñando su cargo 
desde el punto en que se halle, sin perjui- 



60 

Cío de lo cual podrá autorizar á los Jefes 
de los diversos ramos para el despacho de 
los asuntos de su respectiva iucumbeDCia, 
que sean de mera tramitación y de la reso- 
lución del Gobierno general. Si fueren de 
la resolución del Gobierno Supremo, la tra- 
mitación corresponderá al General segundo 
cabo. 

Art. 12. Constituyen la Junta de Auto- 
ridades superiores, cuyo dictamen debe oír 
el Gobernador general conforme á las dis- 
posiciones de este decreto, el Obispo de la 
Habana, ó el Arzobispo de Santiago de Cuba, 
si se hallare presente: el Comandante gene- 
ral del Apostadero, el General segundo cabo 
y los Jefes superiores de la administración 
de justicia, del Ministerio ñscal, de Hacien« 
da y de Administración civil. 

Cuando el Gobernador general lo estime 
oportuno, en atención á la calidad del asun- 
to de que hubiere de tratarse, podrá citar 
para que asista con voto á dicha Junta el 
gobernador de la provincia. 

El carácter de esta Junta es el de consul- 
tiva; sus acuerdos se harán constar en actas 
firmadas por los concurrentes, de que certi- 
ficará el Secretario del Gobierno general en 
un libro abierto al efecto; y de ella se saca- 



61 

rá una copia para cada Autoridad asistente, 
y otra para remitir al Ministerio á que co- 
rresponda dar cuenta de la resolución to- 
mada, 7 siempre al de Ultramar. Cualquiera 
que sea el acuerdo ó parecer de la Junta, 
queda el gobernador general en libertad de 
resolver lo que crea conveniente, sin que el 
fundar su determinación en el dictamen de 
aquélla le exima de responsabilidad. 

Art. 13. Quedan derogadas las disposi- 
ciones que se opongan á las del presente 
decreto. 

Dado en Palacio á 9 de Junio de 1878.=: 
Alfonso.=El Ministro de Ultramar, José Bl- 
duayen.)) 



Yin 

Administración provincial. 

En el año de 1878, y apenas obtenida la 
completa paciñcación de Cuba, el Gobierno 
de España creyó llegado el momento en que 
las leyes políticas que, según la Constitu- 
ción del Estado, debían igualar en derechos 
á todos los españoles, se llevasen á la referi- 
da isla, teniendo en cuenta que la creciente 
extensión é importancia de su comercio ex - 
terior, su riqueza y sus adelantos cientifi- 
cos y literarios, reclamaban disposiciones y 
medios de gobierno distintos de los que 
hasta entonces habían regido en ella, y que 
no habían sido antes planteados por haberlo 
impedido las circunstancias que había atra- 
vesado. 

Gomo base de la reorganización adminis- 
trativa y política de la isla, se estableció su 
división territorial en seis distintas provin- 
cias — Habana, Santiago de Guba, Matanzas, 
Pinar del Río, Puerto Príncipe y Santa Cla- 
ra, — poniéndose, por Real decreto de 9 de 



64 

Judío de dicho año, al frente de cada una de 
ellas un Gobernador con las condiciones y 
facultades correspondientes en el orden ad- 
ministrativo y económico. 

Otro Real decreto, fecha 21 de Junio del 
citado año, mandó promulgar y observar en 
la isla de Cuba, con carácter de provisiona- 
les, las leyes orgánicas provincial y munici- 
pal de la Península, dictadas en 1870 por 
Gobiernos democráticos, y ligeramente mo- 
dificadas después. 

Por virtud, pues, de esta disposición, se 
determinó todo lo relativo á la administra- 
ción civil de las provincias de Cuba, á la 
organización y competeocia, dependencia y 
responsabilidad de las Diputaciones provin- 
ciales, y de los empleados y agentes de la 
administración provincial y á los presu- 
puestos y contabilidad de las mismas Dipu- 
taciones, pudiendo afirmarse que en lo esen- 
cial se halla regulado hoy en igual forma 
el régimen de las provincias de la Penínsu- 
la y de la isla de Cuba. 



IX 

Régimen municipaL 

Por Real decreto de 27 de Julio de 1859 
se reglamentó la vida municipal en la gran 
Antilla, estableciéndose en cada pueblo, ca- 
beza ó tenencia de gobierno un Ayunta- 
miento para el régimen municipal de aquél 
y administración de los bienes y fondos de 
propios y arbitrios en toda la jurisdicción: 
posteriormente se modificaron algunos ar- 
tículos del mismo por diversas disposiciones, 
entre ellas el Real decreto de 25 de No- 
viembre de 1863, que organizó el Gobierno 
superior civil de la Habana, y el reglamento 
de 30 de Enero de 1866, relativo al ejercicio 
de las facultades que atañen al Gobernador 
político de la misma provincia, en su doble 
carácter de Autoridad de gobierno y Presi- 
dente del Ayuntamiento de dicha capital, 
y al modo de funcionar esta Corporación en 
el despacho de los asuntos que le sean pro- 
pios. 

El Real decreto de 21 de Junio de 1878 
hizo extensiva á la isla de Cuba la ley orgá- 
nica municipal de la Península de 2 de Oc- 
tubre de 1877, introduciendo en su texto al- 

5 



66 

guDas modificaciones, ya respecto al núme- 
ro de Cioncejales de que han de constar los 
Ayuntamientos, ya sobre las atribuciones 
del Gobernador general, que nombra los Al- 
caldes á propuesta en terna de los respecti- 
vos Ayuntamientos, si bien puede prescin- 
dir de la propuesta y designar á personas 
no pertenecientes al Municipio; dicha Auto- 
ridad elige también los Tenientes de Al- 
calde, en la forma indicada para los Alcal- 
des, pero precisamente de entre los Cionce- 
jales. Los Alcaldes disfrutan del haber que 
se les señale con cargo al presupuesto mu- 
nicipal; y, en resumen, el Gobernador gene- 
ral ejerce las funciones que corresponden al 
Gobierno supremo por la ley peninsular, 
aunque con más amplitud; inspirándose las 
modificaciones introducidas en dos razones 
capitales: la escasa práctica que por enton- 
ces tenían los habitantes de Cuba en asun- 
tos de administración pública, y la necesi- 
dad de asegurar la acción de la Autoridad 
superior, facultándola para resolver todas 
las cuestiones locales, teniendo presente la 
distancia que separa la isla de la Penínsu- 
la, y el deseo de evitar los gastos y dilacio- 
nes consiguientes á la intervención del Go- 
bierno de la metrópoli. 



X 

Orden público. 

La ley de orden público de la Península, 
de 23 de Abril de 1870, dictada en pleno 
período revolucionario, es también la vi- 
gente en Gaba. Es sólo aplicable cuando se 
suspenden las garantías individuales, con 
arreglo á la Constitución del Estado, que en 
esta parte es igual á la Constitución demo- 
crática de 1869. Da facultades extraordina- 
riar á la Autoridad civil para detener á cual- 
quier persona, suspender cualquier publi- 
cación, disolver los grupos, usando de la 
fuerza á la tercera, intimación, desterrar, 
compeler á mudar de domicilio ó residencia 
y entrar en los domicilios. Si todo esto no 
fuera bastante, resignará el mando en la 
Autoridad militar, declarándose el estado de 
guerra, lo que se hará saber por medio de 
bandos, y siendo juzgados por Tribunales mi- 
litares los delitos que se cometan, salvo la 
excepción convenida á favor de los ciudada- 
nos norteamericanos en virtud del protocolo 
de 7 de Enero de 1877, que los somete siem- 
pre á la jurisdicción ordinaria, á no ser co- 
gidos con las armas en la mano. 



XI 

Administración de justicial 

Atención constante ha merecido á la Me- 
trópoli este importante servicio, del que de- 
penden en gran parte el bienestar y la li- 
bertad de los pueblos. 

Ya en las antiguas leyes de Indias se 
contienen sabias y minuciosas disposiciones 
encaminadas á regularizar la recta y cum- 
plida administración de justicia, y en época 
reciente han sido múltiples las disposiciones 
que con el mismo ñn se han dictado, entre 
ellas la Real cédula de 30 de Enero de 1855, 
el Real decreto de 12 de Abril de 1875, el 
de 23 de Mayo de 1879, el de 15 de Enero 
de 1884 y el de 29 de Mayo de 1885. 

Actualmente rige la Compilación de 5 de 
Enero de 1 891, que contiene, metódicamente 
coleccionadas, todas las disposiciones orgá- 
nicas de la administración de justicia para 
las posesiones, y provincias de Ultramar, re- 
lativas á la división judicial, á las condi- 
ciones para ingresar y ascender en la judi- 
catura, magistratura y ministerio fiscal, y 
de los auxiliares de los Juzgados y Tribuna- 



70 

les, responsabilidad judicial, atribuciones 
de los diferentes Juzgados y Tribunales, ins- 
pección 7 vigilancia de la administración de 
justicia, ejercicio de la profesión de abogado 
y procurador, y, en una palabra, todo lo re- 
feren te á la organización y jerarquía judi- 
cial, basadas sustancialmente todas estas dis- 
posiciones en las que rigen también para la 
Península, figurando en un mismo escalafón 
los funcionarios judiciales que prestan sus 
servicios en Cuba y los de la Península 
por estar completamente asimilados unos y 
otros. 

Hay en Cuba tres Audiencias territoriales: 
Habana, Santiago de Cuba y Matanzas; tres 
de lo criminal: Puerto Príncipe, Santa Clara 
y Pinar del Río, y 36 Juzgados de primera 
instancia é instrucción: seis en la Habana 
(capital) y Bejucal, Guanabacoa, Güines, Ja- 
ruco, Marianao, San Antonio de los Baños, 
Puerto Príncipe, Morón, Norte y Sur de Ma- 
tanzas, Cañerías, Alfonso XII, Colón, Pinar 
del Río, Guanajay, Guanes, San Cristóbal, 
Santa Clara, Cienfuegos, Sagua la Grande, 
San Juan de los Remedios, Sancti-Spíritus, 
Trinidad, Norte y Sur de Santiago de Cuba, 
Baracoa, Bayamo, Guantánamo, Holguín y 
Manzanillo. 



■MHiMiaktei 



XII 

Derecho civil. 

En esta rama del Derecho ha hahido cons- 
tantemente completa asimilación entre la 
Península y la isla de Guha; unas mismas 
leyes, tanto sustantivas comode procedimien- 
to, han regido en una y otra, y á poco de pu* 
blicarse en Bspaña el vigente Código civil 
fué también aplicado íntegramente á Cuba 
por Real decreto de 31 de Julio de 1889, ob- 
servándose desde la fecha de su promulga- 
ción. 

De tal suerte se hizo á los cubanos par- 
tícipes de «un progreso evidente y por ex- 
tremo beneficioso», puesto que aquel Cuer- 
po legal, según acertadamente se consigna 
en la Exposición que precede á dicho Real 
decreto, «reduce á una sola las múltiples, 
diferentes y encontradas fuentes del anti- 
guo derecho civil español, modifica en tér- 
minos racionales el derecho sucesorio, acla- 
ra y mejora el relativo á la personalidad, 
y en general, tomando por base la tradi- 



72 

ciÓD, euTuelve y determina toda clase de 
relaciones jurídicas privadas en una forma 
más racional, más sistemática y cíentiñca 
que la usada en las leyes de que tan valio- 
sa y abundante serie nos han dejado los an- 
teriores siglos». 

Y añadía el Ministro D. Manuel Becerra, 
que suscribe tan interesante documento: 

«Ni en las Antillas, ni en Filipinas, hay 
derecho civil peculiar y diferente del que 
rigió en la Península, ni la organización de 
la familia y de la propiedad en aquellas le- 
janas provincias demanda especialidad al- 
guna de reglas para una vida que en lo pri- 
vado se desenvuelve lo mismo que en el 
resto de la Nación, porque aquellos pueblos 
que tienen su sentido propio y en algo dis- 
tinto del pueblo español, se acomodan des- 
de luego en sus relaciones civiles á las le- 
yes que allí llevaron nuestros conquistado- 
res y misioneros, y que eran las mismas de 
su propia Patria española. 

No hay, pues, peligro de llevar innova- 
ciones irreflexivas que pudieran resultar 
malsanas para aquellas familias, ni trastor- 
nos perjudiciales para una propiedad que se 
adquiere, se conserva y se pierde conforme 
á los medios establecidos en la antigua le- 



73 

gislación española, y que no da lugar á mo- 
dos, formas, ni relaciones, aquí desconocidas, 
que fuera preciso consagrar en la ley. Asi 
es, que la Comisión de Códigos de Ultramar 
representó al Gobierno de S. M., cuando el 
civil se discutió en las Cámaras, la conve- 
niencia de extenderlo á las provincias de 
Ultramar, una vez que fuera ley, sin nece- 
sidad de hacer modificación alguna que al- 
terase el contenido y la forma en que fuera 
prbmulgado. 

Y si es indudable que 8. M. puede abri- 
gar la satisfacción de considerar como suceso 
feliz de su reinado el dotar á la Nación de 
un Código civil que con tanta ansiedad y 
durante tanto tiempo ba vivido solicitando, 
no lo es menos que aquel puro y elevado 
sentimiento hade robustecerse y ensanchar- 
se, llevándolo á las provincias de Ultramar, 
que en este orden de la legislación sufrían 
los mismos inconvenientes, y obtendrán ven- 
tajas iguales á las que se disfrutarán en 
adelante en la Península. 

Ningiin elemento social enlaza tanto los 
pueblos y los une en el seno de una cultura 
común, como la unidad de legislación, y espe- 
cialmente de la encargada de regular la esfe- 
ra más íntima, más querida y más importan- 



74 

te de la vida y de la libertad humana, que es 
la civil. Y si España inspiró siempre su con- 
ducta respecto á los pueblos que dominó en 
otro hemisferio, en el levantado propósito de 
una paternal política que los habrá de con- 
ducir pronto á constituir un elemento inte- 
grante en esta hermosa y concertada unidad 
de la patria, si jamás les aplicó el régimen 
utilitario y egoísta de explotación y apro- 
vechamiento, y si nuestra historia está lle- 
na de monumentos que atestiguan cómo* el 
aliento de la patria nunca regateó su inspi- 
ración para levantar generosamente y traer 
á su propio seno los elementos vivos de los 
pueblos coloniales y educarlos y regirlos 
como se educaba y regía á sí misma; si como 
feliz resultado de esta conducta bienhecho- 
ra y de abnegación se implantó de antiguo 
el más importante de los beneñcios en el 
orden legal, que es la identidad en el dere- 
cho civil, es racional y exigente convenien- 
cia de gobierno mantenerla, conservando asi 
el título más honroso y el bien más inestima- 
ble que puede ofrecer una Nación respecto 
á los pueblos que domina, y que consiste en 
asentar la vida civil en la igualdad y con- 
ceder á todos la suma de derecho de que ella 
misma goza.» 



75 

Rige igualmente la ley de enjuiGiamiento 
civil de 25 de Setiembre de 1885, copiada de 
la de la Península, y en la que se establece 
sustanciación propia para toda clase de jui- 
cios con primera y segunda instancia ante 
los Juzgados y Audiencias, y recurso de ca- 
sación ante el Tribunal Supremo. 



XIII 

Derecho mercantil. 

La Heal cédula de 1/ de Febrero de ¡832 
puso eu observancia en la isla de Cuba el Có- 
digo de Comercio de 1829 y la ley de Enjui- 
ciamiento mercantil de 1830. Reformados 
varios artículos de aquél, y suprimidos otros 
por la ley de 30 de de Junio 1878, se hizo 
extensiva esta reforma á la isla de Cuba por 
Real decreto de 1.° de Noviembre del mismo 
año 1878, y por otro de 12 de Agosto de 1881 
la ley de 12 de Noviembre de 1869, vigente 
en la Península, sobre el procedimiento en 
las quiebras de las Compañías concesionarias 
de ferrocarriles y demás de obras públicas. 
Por Real decreto de 28 Enero de 1886 se 
dispuso que desde t."* de Mayo siguiente re- 
giría en Cuba el Código de Comercio de 22 
de Agosto de 1885, sancionándose así el 
principio de la más amplia libertad de las 
transacciones mercantiles. 

En 16 Agosto 1878 se aprobó un regla- 
mento para la constitución de Sociedades 



78 

aDÓnimas en las provincias de Ultramar, y 
se dictó eo la misma fecha un Beal decre- 
to que dispuso gue los Bancos de emisión y 
descuento se rigieran por el expresado re- 
glamento, creándose un Banco en la isla 
de Cuba con funciones en todo el territo- 
rio de dicba í&la, al cnal se otorgó el pri- 
vilegio de la circulación fiduciaria única. 
Bata á cargo de un Administrador, un Go- 
bernador y dos Sabgobernadores nombrados 
por el Gobierno, á semejanza de lo estable- 
cido en 1874 para el Banco de España de la 
Península. 



XIV 



Legislación hipotecaria. 



Por Real decreto de 16 de Mayo de 1879 
se hizo extensiva á la isla de Cuba la ley 
hipotecaria vigente en la Península, la cual 
comenzó á regir en dicha An tilla el l.'^de 
Mayo de 1880, consistiendo la principal mo 
difícación introducida en el establecimiento 
de la llamada refacción á fincas rústicas, 
sistema privilegiado que no dio el resulta- 
do apetecido y que además redujo en un 5 
por 100 las garantías que al crédito ofrecía 
la propiedad inmueble. Por esto, y con el 
fin de armonizar la ley con el Código civil, 
y atender á la necesidad de cerrar el plazo 
prorrogado indefinidamente, durante el cual 
conservaban su eficacia las hipotecas y otros 
gravámenes tácitos, se reformó la primitiva 
ley por la de 14 de Julio de 1893, la cual 
no sólo identificó sus preceptos con los del 
Código y declaró cerrado el plazo aludido, 
derogando además los artículos de la an- 



80 

terior ley que estatuyeron el sistema de re- 
facciÓQ á fincas rústicas, sino que otorgó 
grandes facilidades á la inscripción de la 
pequeña propiedad, dispuso la conversión, 
previos determinados requisitos, de las in- 
formaciones posesorias en inscripciones de 
dominio, obligó al traslado á los libros mo- 
dernos del Registro, de los gravámenes con- 
tenidos en los antiguos para que pudieran 
perjudicar á tercero, concedió, mediante un 
procedimienlo adecuado, á los vendedores de 
máquinas é instrumentos para la produc- 
ción agrícola, el modo de salvar sus dere- 
chos mientras no hubiesen percibido el to- 
tal precio de lo que vendieron, amplió la 
esfera de acción en que pueden utilizarse 
los expedientes de liberación, é introdujo 
una novedad recomendable en el procedi- 
miento para el cobro de los créditos hipo- 
tecarios, suprimiendo las trabas, dificulta- 
des y gastos que aún hoy en la Península 
vienen oponiéndose al desarrollo del crédito 
territorial. 

En la isla de Cuba hay 25 Registros de la 
propiedad, que son: Habana, Cárdenas, Ma- 
tanzas, Pinar del Río, Bejucal, Gienfuegos, 
Guanajay, Puerto Príncipe, Santa Clara, 
Santiago de Cuba, Trinidad, Sagua la Gran- 



iiilrtiir 



81 

de, Alfonso XII, Baracoa, Bayamo, Colón, 
Guanabacoa, Güines, Holgnin, Jaruco, Man- 
zanillo, San Antonio de los Baños, San Cris- 
tóbal, San Juan de los Remedios y Sancti- 
Spíritus. 



XV 

Registro y matrimonio civil. 

El Real decreto de 8 de Enero de 1884 7 
el reglamento de 8 de Noviembre del mis- 
mo año, aplicaron á Cuba y Puerto Rico la 
ley de 17 de Junio de 1870, que regula en 
la Península la institución del Registro ci- 
vil, introduciendo algunas modiñcaciones 
consiguientes á la especial índole de aquellas 
provincias, y organizando cuanto se reñere 
al estado civil de las personas. 

Se adoptó el sistema de trascripción para 
determinados actos, y el de inscripciones 
provisionales ó de notoriedad, en lo que con- 
cierne á personas imposibilitadas de exhibir 
certificado ó partida de nacimiento, facilitán- 
dose eficazmente su identificación circuns- 
tanciada. 

Yino á constituir esta ley preciada garan- 
tía de la libertad de los esclavos, y es solem- 
ne prueba y demostración notoria de la sin- 
ceridad con que se observan las leyes sobre 



84 

abolición de la esclavitud en la isla de Cuba. 

El objeto de la ley de matrimonio civil de 
la Península de 18 de Junio de 1870, y el 
del Real decreto de 9 de Febrero de 1875 
que la modificó, fué el desarrollar el precep- 
to del art. 11 de la Constitución del Estado 
en lo tocante á este punto de la libertad de 
conciencia. 

Promulgada la ley fundamental del Esta- 
do en Cuba y Puerto Rico el 7 de Abril de 
1881, dichas disposiciones fueron aplicadas 
el 6 de Noviembre de 1 884 como consecuen* 
cía lógica de dicha promulgación y á ñn de 
no privar á ningún español ni extranjero re- 
sidente en aquellas provincias, fuese cual- 
quiera la religión que profesase, de contraer 
el vínculo matrimonial y fundar familia al 
amparo de la ley. 

España siempre ha procurado atender á 
las necesidades sociales en todos los ámbitos 
de la Nación con un alto sentido de gobier- 
no, como lo comprueba la Real orden ins- 
trucción de 16 de Diciembre de 1792, en 
que se estableció una forma de matrimonio 
civil, con su registro correspondiente, para 
las uniones maritales que contraían en el 
territorio de la Luisiana y la Florida, en- 
tonces posesiones españolas, personas que 






r 



85 

profesaban el protestantismo, y para los ma- 
trimonios de protestantes y católicos. 

Al presente rigen en Gaba y Puerto Rico 
las disposiciones del capítulo 3."* del Código 
civil de 6 de Octubre de i 888 sobre matri- 
monio civil, aplicado por Real decreto de 31 
de Julio de 1889, que son las mismas que 
se observan en la Península. 



XYI 

Notariado. 

Los cargos de fe pública, judicial y extra- 
judicial, eran en Cuba, desde que se dictaron 
las leyes de Indias, oficios enajenados de la 
Corona, y estaban desempeñados por los 
dueños ó administradores de dichos oficios. 

La ley de 3 de Marzo de 1873 dispuso que 
el Gobierno procediera á organizar el No- 
tariado en las provincias de Ultramar con 
arreglo á la ley de 28 de Mayo de 1862, que 
regía en la Península y que es una de las me- 
jores de Europa, y en 29 de Octubre de 
1874 se dictó la ley para Cuba y Puerto Ri- 
co adaptándola á las condiciones de aquellas 
provincias, y teniendo en cuenta las leccio- 
nes de la experiencia durante el período que 
llevaba de ejecución en la metrópoli. Esta 
ley, que es la vigente, ha contribuido á dar 
mayor esplendor al Notariado, enaltecién- 
dolo, reincorporando á la Nación los oficios 
enajenados de la fe pública, y estableciendo 



88 

la demarcación notarial, que da facilidades 
á los naturales y residentes en el país para 
la contratación. 

Posteriormente se han dictado varios de- 
cretos complementarios para llenar los im- 
portantes fines de la institución notarial. 



XVII 

Derecho penal. 

Hasta el año de 1878 se aplicaron en 
Cuba á los juicios criminales las antiguas 
leyes que regían en España en materia pe- 
nal, cuyo rigor podían mitigar los Tribuna- 
les en determinados casos. 

Por Real decreto de 23 de Mayo de 1879 
se aplicó á la isla de Cuba el Código penal 
de 17 de Junio de 1870, formado y votado 
por el partido democrático español, y vigen- 
te en la Península con las modificaciones 
propuestas por la Comisión de jurisconsul- 
tos que se creó para este efecto. 

Al aplicarse el referido Código, se res- 
petó el texto mismo de la madre Patria, con 
las únicaa alteraciones exigidas por condi- 
ciones especiales de dicha provincia ultra- 
marina y por las disposiciones de la Consti- 
tución del Estado, publicada con posteriori- 
dad al Código de la Península. En este 
concepto, las principales modificaciones obe- 
decen á la necesidad de amparar la autori- 



• 90 

dad del Gobernador general con fuDCiones 
análogas á las que en la Península protegen 
al Gobierno, otras que por referirse á deli- 
tos que se cometan dentro de los palacios del 
Monarca, del Senado y del Congreso, son de 
absoluta inaplicación en Cuba, nacidas otras 
de la diferencia de clima, y encaminadas, 
finalmente, las más á robustecer la potestad 
de los amos sobre los siervos y libertos, así 
como la adhesión filial de éstos en forma 
análoga á la que el Código establece en los 
casos de mediar entre agresor y víctima el 
parentesco natural. Rige, pues, actualmen- 
te en Cuba un Código verdaderamente cien-^ 
tífico y que responde á las ideas generales 
que respecto á la delincuencia y la penali- 
dad profesan las modernas escuelas crimina- 
listas. 

Para la aplicación de este Código se dic - 
taron algunas reglas que establecían el pro- 
cedimiento á que debían sujetarse los jui- 
cios criminales, en los cuales se introdujo el 
recurso de casación , con el que además de 
uniformarse la jurisprudencia de los Tribu- 
nales ultramarinos entre sí y con los de la 
Península, se concedió á los naturales de 
Cuba esa suprema garantía de la justicia di* 
manada de la sumisión de los procesos cri- 






91 

mínales á la alta jurisdicción del primer 
Tribunal del Reino. 

No bastando con esto, por Real decreto de 
19 de Octubre de 1878 se aplicó también la 
ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de Se- 
tiembre de 1882, vigente en la Península, 
con ligeras modificaciones propuestas por la 
Comisión de Códigos de Ultramar, y en la 
que se establece el juicio oral y público y el 
sistema acusatorio, con las grandes ventajas 
que son inherentes al mismo. 

Dedúcese de lo expuesto, que rigen actual- 
mente en la isla de Cuba, por lo que hace al 
derecho penal, tanto en su parte sustantiva 
como de procedimiento, leyes que, amparan- 
do á la vez la seguridad social é individual, 
responden al concepto que obtiene actual- 
mente este importante ramo de la legisla- 
ción en todos los pueblos modernos. 



XVIII 

Instrucción públicaí 

Constante ha sido el celo con que se ha 
atendido en Cuba á este servicio, base de 
la cultura y de la prosperidad de los pue- 
blos. Ya en el título 22, libro 1/ de la Re- 
copilación de Indias, se contienen atinados 
preceptos que demuestran el gran interés 
que á los Monarcas españoles mereció la 
instrucción pública en Ultramar. 

En época reciente la idea de la asimilación 
ha predominado también en la legislación 
relativa á este ramo, puesto que ya por de- 
creto de 15 de Julio de 1863 y disposicio- 
nes complementarias del mismo se llevaron 
á Cuba no tan sólo el espíritu, sino el texto 
mismo, con leves alteraciones, de la ley de 9 
de Setiembre de 1857, que rige aún para la 
Península, y de la mayor parte de los regla- 
mentos dictados para su ejecución. 

Por Real decreto de 18 Junio de 1880 se 
realizaron importantes reformas bajo el cri- 
terio siempre de la asimilación, y por otro 



94 

de 7 de Diciembre del mismo año se reor- 
ganizó el plan general de estudios, estable- 
ciéndose en la Universidad de la Habana las 
facultades de Ciencias, Filosofía y Letras» 
Medicina, Farmacia y Derecho, ó sean las 
mismas que tiene la de Madrid, creándose 
igualmente un Instituto de segunda ense- 
ñanza en cada provincia, á la par que en la 
Península y con las propias asignaturas y 
régimen que en ésta. 

Por Real orden de 7 de Julio de 1883 se 
creó el distrito universitario de la Habana 
en la misma forma que los establecidos en la 
Península, siendo el Rector de aquella Uni- 
versidad el jefe de todos los establecimien- 
tos de enseñanza existentes dentro del dis- 
trito. También por Real decreto de 5 de Ju- 
lio de 1887 se regularizó el procedimiento 
para dar validez académica á los estudios de 
segunda enseñanza y superior hechos pri- 
vadamente, en los mismos términos que el 
vigente para la Península. 

Las cátedras de la Universidad de la Ha- 
bana se proveen la mitad en dicha capi- 
tal, y la otra mitad en Madrid, correspon- 
diendo al Gobernador general de Cuba el 
nombramiento de todos los maestros y maes- 
tras de primera enseñanza cuyos sueldos ex* 






95 

cedan de 300 pesos anuales, y los demás al 
Rector de la Universidad de la Habana. 

Para la alta inspección de la enseñanza, 
existe en Madrid el Ck)nsejo Superior de Ins- 
trucción pública, compuesto de Consejeros 
nombrados unos por la Ck)rona y otros elec- 
tivos; entre los primeros, el Subsecretario del 
Ministerio de Ultramar, y entre los últimos, 
cinco designados por las provincias ultrama- 
rinas; de ellos, dos por la de Cuba, que tiene de 
este modo legitima representación dentro de 
aquel alto Cuerpo consultivo del Reino, con 
lo cual ha venido á hacerse más patente la 
analogía, ó por mejor decir, la igualdad que 
en este orden viene existiendo desde muy 
antiguo entre la Península y la isla de Cuba. 
A tan leal proceder no ha correspondido, 
por cierto, el espíritu dominante en algunos 
de los libros de texto en las aulas de la gran 
Antilla, plagados de errores é injusticias con 
relación á España. 



XIX 

Vida económica* 

Después de haber otorgado á Cuba, con 
las demás libertades políticas, la represen- 
tación en C¡ortes, que todavía no ha conce- 
dido Inglaterra á una gran parte de sus co- 
lonias, España se ha prestado siempre á 
transacciones ventajosas para los intereses 
antillanos, aun en los puntos en que éstos 
podían aparecer contrarios á los de la Pe- 
nínsula. 

Apenas realizada la paz con Francia, y 
restituido Fernando VII á su trono, se expi- 
dieron las famosas Reales cédulas de fomen- 
to de la población blanca y de comercio li- 
bre, que abrieron los puertos de la Isla de 
Cuba á los hombres de todos los países y al 
comercio universal, cambiando en pocos 
años la suerte de aquella parte de la Nación, 
tan pobre hasta entonces, que necesitaba 
para levantar sus cargas públicas de un si- 
tuado anual que gravaba las cajas de Méji- 
co, en la de una provincia rica, floreciente 

7 



98 

en su producción y en su tranco, que en los 
años del850ál860 llegó á tal grado de 
desahogo, que sin otras contribuciones que 
un 2 por 100 sobre la riqueza rústica y un 
4 por 100 sobre la urbana, ambas de carác- 
ter municipal, el llamado diezmo que perci- 
bía el Tesoro con aplicación á los gastos ge- 
nerales de la antilla, muy moderado en su 
entidad, impuestos de traslaciones de dominio 
muy limitados en todos sentidos, y el del 
timbre, no menos módico, más la renta de 
Aduanas, que se bacía efectiva sin ningún 
esfuerzo, tenía aquel Erario, en fondo de re* 
serva, un depósito constante de 3 millones 
de pesos, después de satisfechas al día las 
atenciones del presupuesto insular y de con- 
tribuir á los gastos del Estado con una con- 
signación que se mantuvo durante muchos 
años en 2 ó 3 millones, y que sólo en algu- 
nos, muy contados, excedió de aquella can- 
tidad, sin pasar de 5. 

Si esta situación se modiñcó, fué por la 
crisis económica que trajo consigo la quie- 
bra de las Compañías mercantiles por accio- 
nes, y que exagerando el sistema de Aso- 
ciación para ñnes de riqueza, dio al traste 
con muchos capitales, sin que los Gobiernos 
hubieran tenido más responsabilidad en este 




.A 



99 

resultado que el de anticiparse diez años á 
las reformas que al cabo de ellos realizó la 
Metrópoli, facilitando el desarrollo del es- 
piritu de empresa, de acuerdo con el ar- 
diente deseo de los hombres de negocios de 
aquel país. 

Esto, en cuanto á las facilidades de la 
tributación; que respecto al aumento del 
presupuesto, así de ingresos como de gastos, 
cúlpese á los primeros estallidos ñlibuste- 
ros de mediados de siglo, que obligaron á 
aumentar las fuerzas, hasta entonces esca- 
sísimas, del ejército y la marina. 

Y si algunos años más tarde el cuadro 
de prosperidad se descompone, ya por la 
amenaza de un término breve á la esclaTi* 
tud, ya por la clausura de varios mercados 
al azúcar antillano, fenómenos fueron am- 
bos debidos á causas superiores á la volun- 
tad y á la acción de los Gobiernos. 

La opinión de la isla se agitó entonces 
buscando soluciones á los problemas así 
planteados, y el Gobierno, á la par que pro- 
curó dotar de brazos á la agricultura, mer- 
mados por la supresión del tráfico negrero, 
permitiendo una amplia importación de tra- 
bajadores chinos, convocó en Madrid á de 
legados de las Antillas, á fin de estudiar 



101 

de aquellas provincias, á volverá la nor- 
malidad, no tardando la contribución sobre 
la riqueza rústica en descender á un tipo 
inferior al de todos los pueblos de origen 
europeo (1). 

A petición de sus Diputados, deseosos de 
buscar en las relaciones con la Península 
ampliación á su mercado, se formó en 1882 
la llamada ley de relaciones, dirigida á lle- 
gar sucesivamente al cabotaje, aunque que- 
daron fuera de sus prescripciones algunos 
artículos de renta, porque á ninguna Na- 
ción se ha obligado á sacrificar su Tesoro 
para dar un mayor grado de desarrollo á la 
riqueza de sus colonias. Nunca ba hecho 
Francia semejante cosa. Menos Inglaterra, 
que trata en esta parte á las suyas como 
extranjeras. Menos, ciertamente, Holanda, 
que aplica á las que posee el sistema de ex- 
plotación. 

Y cuando en el año 1884 y siguientes co- 
menzó para la principal producción antillana 
una dura crisis, á causa de haber quedado 
reducida su exportación á un solo mercado, 
el de los Estados Unidos, sufriendo los efec- 
tos del capricho ó del interés de sus refina- 



(1) Veíase el Apéndice. 



102 

dores coligados, no hubo medio racional pro- 
puesto por los Diputados cubanos que no* 
fuese acogido con presteza por las Cortes y 
el Gobierno, á la voz del jefe del partido li- 
beral conservador, quien dijo muy alto que 
era necesario que la Península se preparase 
á grandes sacriñcios para atender á su pre- 
dilecta provincia ultramarina. 

Concedióse á la Nación americana, á cam- 
bio de la no aplicación del derecho extra- 
ordinario á los azúcares, con que amenaza- 
ba, el beneficio de la bandera española, no- 
sin grave perjuicio de ésta, para los produc- 
tos y procedencias de sus puertos, y más 
tarde para las meras procedencias, y rebajóse 
á la vez sucesiva y progresivamente el pre- 
supuesto de gastos de la gran Antilla, redu- 
ciendo el ejército y la marina á proporcio- 
nes menores de lo que aconsejaban las ne- 
cesidades de la defensa y hasta de la previ- 
sión de sucesos que no han tardado en ocu- 
rrir (i). 

8e despojó dicho presupuesto de toda 
atención que no fuese de carácter inmedia- 
to de aquella Administración, no obstante 
que alguna pudiera haberse sostenido con 



(1) Véase el Apéndice» 






108 

plausiblesrazones y se disminuyó, y después 
se suprimió, un impuesto tan productivo como 
el de exportación del azúcar, con la mira de 
que su desaparición influyese ventajosamen- 
te en el precio de este fruto (1 ). 

Se suprimió en la Península el derecho 
de importación del azúcar antillano, dejan- 
do sólo el de consumos, que también gravi- 
taba sobre los peninsulares, elevándose con» 
siderablemente el derecho sobre los azúca- 
res extranjeros. 

Se negoció un tratado de comercio y 
navegación con ios Estados Unidos, en be- 
neficio exclusivo de la producción y del co- 
mercio de Cuba y Puerto Rico, sin tener en 
cuenta, sino secundariamente, el interés 
de la producción peninsular y sacrificando 
la industria harinera, y por consiguiente la 
producción de trigos de la metrópoli; y si 
por entonces este convenio quedó en pro- 
yecto, á causa de un cambio en la situación 
política de la gran Nación americana, cinco 
años más tarde se concertó de nuevo y se 
ratificó, rigiendo todo el tiempo que dicha 
Nación se prestó á tenerlo en vigor, su- 
friendo en silencio la producción y el comer- 
cio peninsulares perjuicio de tal magnitud, 

(1; Véase el Apéndice. 



104 

que algún producto, la harina, cuya expor- 
tación á Cuba y Puerto Rico hizo durante mu- 
chos años la fortuna de una vasta comarca, 
quedó excluido del mercado de las Antillas, 

El coste del servicio de la Deuda pública 
se redujo considerablemente, comprometien- 
do la Nación su garantía directa, que susti- 
tuyó á la subsidiaria que ya había prestado 
en los arreglos que al efecto se hicieron; y 
con dicha garantía pudo recogerse la emi- 
sión de billetes lanzada al mercado durante 
la guerra anterior, atendiendo los clamores 
de los representantes de Cuba, quienes afir- 
maban que dicho papel pesaba de una ma- 
nera dañosa sobre la circulación monetaria 
en sus más importantes poblaciones. 

Por último, cuando la terminación del 
convenio con los Estados Unidos hizo difícil 
la competencia de los productos extranjeros 
por conceder la ley de relaciones una situa- 
ción ventajosa en aquel mercado á los pro- 
ductos peninsulares, adoptándose inmedia- 
tamente disposiciones favorables para las 
procedencias norteamericanas, y prepará- 
ronse otras que, si ya no son definitivas , es 
porque se cerró la anterior legislatura sin 
llegar, por falta de tiempo, y no de voluntad 
en el Gobierno y en los representantes del 



105 

país, á conciertos y transacciones de intere- 
ses, absolutamente necesarios para obtener 
una solución satisfactoria. 

En estos mismos momentos trátase de re- 
formar el arancel antillano, conciliando la 
protección al consumo y i la producción in- 
sulares con las necesidades de un presu- 
puesto de ingresos que se nutre principal- 
mente de los recursos de las aduanas, por 
deseo directa ó indirectamente expresado de 
sus habitantes, á quienes los tributos sobre la 
propiedad y sobre la industria son repulsivos. 

Los que constituyen el presupuesto de in- 
gresos de la isla de Cuba en la actualidad, 
según las partidas consignadas en el de 1895 
á d6, gravan, ni más ni menos — menos segu- 
ramente — que en todos los países del mundo: 

Los derechos reales; las pertenencias mi- 
neras; las fincas urbanas (al 12 por 100); las 
fincas rústicas sin distinción de cultivo (al 
2 por 100); la industria, comercio, artes y 
profesiones; las cédulas personales ; las be- 
bidas y patentes de expendición de licores; 
las tarifas de viajeros (al i por 100); el ta- 
baco; el consumo del petróleo, y los pagos 
del Estado (al 1 por 100). 

Los derechos de importación consisten en 
un impuesto arancelario sobre los produc- 



106 

tos extranjeros, cod sujeción i arancel, y un 
Impuesto transitorio que alcanza & todas las 
procedencias, incluso la nacional. Este fué 
de 10 por 100 sobre el derecho de la 2.* co- 
lumna, y se creó por la ley de id de Junio 
de 189% sobre todos los artículos, excep- 
tuándose los de comer, beber y arder, con 
exclusión del petróleo. Dicho impuesto se 
elevó á 15 por 100 para loa mismos artículos 
por la ley de 20 de Febrero de 1895, que ala 
vez gravó en 10 por 1 00 los artículos de co- 
mer, beber y arder, antes exceptuados del 
impuesto transitorio; man teDiéudose la exen- 
ción para el vino, la sidra, el chocolate, las 
conservas alimenticias y embutidos, cuando 
estos artículos fueren de procedencia y pro- 
ducción nacional. La ley de presupuestos de 
28 de Junio de 1895 autoriza al Gobierno 
para modificar estos derechos transitorios. 

Los efectos timbrados, los correos y la lo- 
tería completan el Índice de la tributación. 

La producción, el comercio general,- in- 
cluso el movimiento de buques, los ferroca- 
rriles y la población, ban aumentado consi- 
derablemente desde la pacificación de la isla 
hasta la insurrección actual (1). 

¡Cuánto más halagüeño seria aún el es- 

1 1 > Véase bL Apéndioe. 



107 

lado ñnanciero de Cuba, si do pesara sobre 
su Tesoro la abrumadora deuda contraída 
por las necesidadeíi de la guerra anterior!... 
¡Cuánto más despejado sería su porvenir 
económico, si la lucha actual no impusiera 
nuevos y costosísimos sacriñcios pecunia- 
rios!... ¿Quién, sino los culpables de tales 
desdichas, tienen la responsabilidad de sus 
consecuencias? 



^•ÉIHIk 



XX 

Deuda de Cubaí 

Si la situación económica déla isla de Cuba 
hasta el año de 1867-68 fué verdaderamen-» 
te próspera, pues no sólo permitió que ésta 
concurriera por espacio de mucho tiempo* 
y con cantidades no pequeñas, procedentes 
de los sobrantes de sus presupuestos, á las 
atenciones de la Península, sino que ofreció 
también medios de CDJugar, con estos mis- 
mos sobrantes, la mayor parte de las obli- 
gaciones que sobre ella pesaron con motivo 
de la expedición á Méjico y de la guerra de 
Santo Domingo, tal estado de cosas cambió 
irremediablemente, por lo que respecta á 
los descubiertos de su Tesoro, en virtud de 
los gastos consiguientes á la campaña sepa- 
ratista iniciada en Yara. Importaba á la sa- 
zón el déficit la suma de 7.630.000 pesos, 
suma insignificante si se tiene en cuenta 
que los recursos permanentes con que se 
dotó el presupuesto de 1868-69, excedían de 



lio 

los gastos en una cantidad equivalente á 
aquella cifra. 

Podía, pues, abrigarse fundadamente la 
esperanza de conseguir en el año próximo, 
no ya una nivelación completa, sino un ex- 
ceso importante de los ingresos sobre los 
gastos, como había venido consiguiéndose en 
años anteriores; pero desde el momento en 
que surgió la guerra, ya no fué posible re- 
coger el fruto de tales previsiones. Los in- 
gresos, como consecuencia natural de la 
honda perturbación producida en la isla, su- 
frieron un gran descenso; los gastos, por el 
contrario, aumentaron en proporción exor- 
bitante; los lecursos del presupuesto no bas- 
taron, ni aun apelando, como se apeló, y no 
estérilmente, á medidas extraordinarias, y en 
circunstancias tan críticas hubo de apelarse 
al crédito, ya contratando préstamos con 
el Banco Español de la Habana, como el de 
1868, ya emitiendo bonos y billetes del Te- 
soro, como se hizo en 1872 y 1874, ya rea- 
lizando empréstitos como los del875yl876, 
ya emitiendo billetes del Banco Español de 
la Habana por cuenta de la Hacienda, ya hi- 
potecando las rentas de la isla para garan- 
tizar emisiones como la de Obligaciones del 
Tesoro de 1878, ya emitiendo deudas amor- 



111 

tizables, como las de 1882, para liquidar las 
del Tesoro por personal y material, présta- 
mo y emisiones que vinieron á refundirse, 
unificándolas en los billetes hipotecarios 
emitidos en 1886 por la suma de 620 mi- 
llones de pesetas, y en 1890 por la de 
222.500.000. 

Esta es la deuda existente al estallar la 
actual insurrección. Conocidas sus causas, 
huelga toda declamación sobre este punto. 

Sin la guerra anterior, esa deuda no exis- 
tiría; sin la de hoy, podría presagiarse un 
seguro y creciente engrandecimiento de la 
isla de Cuba. Triste es que, arruinándola y 
devastándola, lo malogren algunos de sus 
hijos, perversos ú obcecados. 



XXI 

Unificación de las carreras del Estado en la 
Península y Ultramar. 

En 20 de Setiembre de 1 878, y por la Pre- 
sidercia del CoDsejo de Ministros, á la sazón 
en manos de D. Antonio Cánovas del Casti- 
llo, se dictó un Real decreto disponiendo que 
el personal de lo» Tribunales ordinarios, el 
de las Universidades, Institutos, Escuelas 
especiales, Normales y de Instrucción pri- 
maria, constituya en cada clase una misma 
carrera y sirva indistintamente en la Penín- 
sula y Ultramar. 

¿Qué mejor prueba de la perfecta igual- 
dad con que, desde las esferas del Gobierno, 
se miran y consideran las funciones oficia- 
les en uno y otro continente? 

Era á raíz de la capitulación del Zanjón, 
y decía el Presidente del Consejo de Minis- 
tros: «Desde que la paz quedó añrmada en 
Cuba, el Gobierno de V. M. no descansa en 
la tarea de proporcionar á las provincias 
ultramarinas los beneficios de una situación 

8 



114 

normal, implantando en cada una de ellas 
la organización provincial y municipal más 
conveniente y abriendo ancho cauce á la 
colonización y al crédito, elementos indis- 
pensables al desarrollo de la riqueza pú- 
blica. 

En este trabajo de reconstrucción y de 
asimilación falta todavía una importante 
reforma que ha de contribuir eñcazmente á 
estrechar los lazos entre las diversas partes 
del territorio español, y i facilitar la ejecu- 
ción en Ultramar de las nuevas disposicio- 
nes. Esta reforma consiste en uniñcar las 
carreras civiles de la Península y de las 
provincias ultramarinas, que en lo anti- 
guo fueron unas mismas, y que un espíritu 
reglamentario y estrecho en demasía ha se- 
parado, con perjuicio de los que las empren- 
den y grave daño para la Administración en 
general. 

No están sometidos todos los Institutos y 
Cuerpos á este extraño divorcio: el Ejército, 
la Marina, los Ingenieros civiles de Caminos 
y Canales, de Minas y de Montes y los Tele- 
grafistas sirven indistintamente en España, 
en las Antillas, en Filipinas ó en las pose- 
siones del Golfo de Guinea. Únicamente el 
personal de los Tribunales de Justicia, el 



115 

Profesorado y los funcionarios de la Admi*- 
nistración civil y económica son distintos 
^n unas y otras provincias, no reconocién- 
dose á todos, por regla general, en la Penín- 
sula sus servicios y categoría. 

Una vez allanados linderos insostenibles, 
dentro de unas mismas carreras, los funcio- 
narios de una y otra parte tendrán mayor 
número de cargos á que poder optar, sin 
impedimento de incompatibilidad, como hoy 
acontece; los puestos de la Administración 
actual serán accesibles á todos, como tér- 
mino y recompensa de honrosas carreras y 
prolongados servicios, y el Gobierno podrá 
siempre elegir, con más holgura, los emplea- 
dos que por sus cualidades y circunstancias 
sean preferibles en determinados destinos. 
Todas estas ventajas, con ser tan importan- 
tes, tienen en su apoyo otra que las supera 
y que es razón decisiva para el Gobierno de 
Y. M.: plantear las mismas reformas en todo 
el territorio del país, uniformar su legisla- 
ción, combinar sus intereses y asimilar sus 
provincias, no es otra cosa que afirmar y 
robustecer la unidad de la patria.» 
Hé aquí el art. i." de dicho Beal decreto: 
«El personal de los Tribunales ordinarios, 



116 

el de las Universidades, Institutos, Escuelas 
especiales, Normales y de Instrucción pri- 
maria y el de la Administración civil y eco- 
nómica, constituirán en cada clase una mis- 
ma carrera, se regirán por disposiciones 
análogas y servirán indistintamente en la 
Península y en Ultramar.» 



XXII 

Provisión de cargos públicos. — Derechos de los 

cubanos. 



Ninguna disposición exceptúa á los cu- 
banos de desempeñar funciones y cargos pú- 
blicos, como todos los demás ciudadanos es- 
pañoles. 

En la Administración civil, en la judi- 
cial, en el ejército, en la marina, en el alto 
clero (i) tienen cargos y disfrutan venta- 
jas, equiparados por completo á los natu- 
rales de la Península. Si alguna desigualdad 
existe, tiende á favorecerles, lejos de mer- 
marles derechos ó facilidades de ingreso 
en las carreras oficiales. 

Y la demostración del aserto es tan sen- 
cilla y está tau á la mano, que basta repro- 



(1) EL Arcedla QO de la Catedral de Puerto 
E.ÍCO es antillauo, D. Baldomero Hernández. 
También lo son algunos sacerdotes que ocupan 
puestos distinguidos, entre ellos el Racionero 
de la Catedral de la Habana , D. Mariano Bo - 
driguez Armenteros. 



118 

ducir algunas de las consideraciones ex- 
puestas al frente del Real decreto de 13 de 
Octubre de 1890 sobre reorganización del 
personal administrativo dependiente del Mi- 
nisterio de Ultramar, y hacer ligeras refe- 
rencias á las demás disposiciones aplicables» 
En dicho documento, suscrito por el Minis- 
tro D. Antonio María Fabié, se expresa con 
profunda exactitud que «desde las antiguas 
leyes de Indias, siempre ha tendido la le- 
gislación española á borrar las diferencias 
de origen entre los naturales de las provin- 
cias ultramarinas y los de la Península, 
igualando sus derechos y concediéndoles 
directa participación en las funciones pro- 
pias del Estado.» 

«El desenvolvimiento de esa política — 
añade — ha producido el hecho de que los^ 
destinos públicos sean servidos indistintamen- 
te por españoles peninsulares ó instUareSy y 
á la consagración de este principio van en- 
caminados ios preceptos vigentes, que ofre- 
cen medios seguros en unos grados de la 
Administración, y fáciles en otros, para que 
todos puedan optar á los diferentes puestos 
que forman la escala gradual de las cate- 
gorías administrativas. » 

En efecto, por aquel decreto se confiere 



*-■•-*-*- - __, 



119 

á los Gobernadores generales la facultad de 
proveer todos los destinos civiles inferio- 
res al sueldo de 1.500 pesetas, ó sea hasta 
la categoría, inclusive, de oficiales quintos, 
destinos que en su inmensa mayoría recaen 
en insulares, como consecuencia de la sin- 
gular protección con que se les favorece, al 
eligirse, entre las calidades requeridas para 
obtener el nombramiento, la de haber resi- 
dido en el respectivo territorio, es decir, en 
la isla de Cuba, con relación á aquella 
Antilla, dos años antes de empezar á ser- 
virlos. 

Véase el texto: 

«Art. 17. Los nombramientos de oficia- 
les de la clase de quintos en las provincias 
de Ultramar se harán por los Gobernado- 
res generales respectivos, dando inmediata 
cuMita al Ministerio para que sean confir- 
mados de Real orden. 

El nombramiento se hará expresando las 
calidades del nombrado y comprobándolas 
ante el Ministerio con los documentos que 
las acrediten. 

Dichas calidades serán: 

1.* Residencia en el respectivo territo- 
rio con dos años de antelación á la época 
del nombramiento. 



120 

2.* Tener cumplida la edad de diez y 
ocho auos. 

S.*" Haber desempeñado igual cargo con 
buena nota, en cualquiera dependencia de 
la Administración central ó provincial, ó 
baber servido los empleos subalternos de 
aspirante ó escribiente, con igual caliñca- 
ción de conducta, y el baber mínimo anual 
durante cuatro años de 300 pesos en Puer- 
to Rico y Filipinas y de 600 en Cuba, ó te- 
ner el grado de Bachiller en artes ó título 
profesional de alguna clase.)) 

Respecto á cargos de mayor importancia, 
también existe un verdadero privilegio para 
los insulares. Dice otra disposición del mis- 
mo Real decreto: 

(( Art. 13. léOs residentes en las islas de Cu- 
ba^ Puerto Rico y Filipinas que hubiesen des- 
empeñado el cargo de Diputado provincial ó 
de Alcalde ó Concejal en capital de provin- 
cia, ó pertenecido en calidad de vocal á los 
Consejos de administración ó á las Juntas 
existentes consultivas ó auxiliares de la Ad- 
ministración, que tengan el carácter de cen- 
trales, podrán ser nombrados para empleo de 
Jefe de Administración en cualquiera de sus 
clases y con destino á los diversos servicios 
administrativos de las respectivas provin- 



121 

cías, con excepción del de Aduanas; y para 
cargos de Jefe de Negociado de los citados 
territorios en iguales condiciones los que 
hubiesen pertenecido á las Juntas provin- 
ciales y locales de aquella clase ó sido Al- 
caldes ó Concejales de Ayuntamiento de 
fuera de las capitales, siempre que reúnan 
las circunstancias siguientes: 

Haber residido respectivamente en aqttellos 
territorios con ocho años de antelación á la 
época de su nombramiento. 

Haber desempeñado por espacio de cuatro 
años alguno de los cargos enumerados en 
este artículo, sin haber becho renuncia de él. 

Haber desempeñado, en su caso, los car- 
gos de Diputado provincial, Alcalde ó Con- 
cejal, por virtud de elección popular.» 

Además se computan como si procedieran 
del ejército los servicios prestados en cual- 
quiera de los cuerpos.de Milicias, Volunta- 
rios y Bomberos, lo cual representa un cú- 
mulo de ventajas para los insulares, que son 
naturalmente los que en tal caso se encuen- 
tran. He aquí el precepto en que así se esta- 
blece: 

«Art. 90. Los que hayan pertenecido ó 
pertenezcan en Ultramar á los Cuerpos mi- 
litarmente organizados de Milicias, Volun- 



122 

tarios y Bomberos, y cuenten seis años de 
servicios en dichos Cuerpos, serán conside- 
rados con las aptitudes, y optarán á los be- 
neñcios que las leyes de la Península reco- 
nozcan á los individuos que sirvan ó hayan 
servido en el ejército.» 

Reseñados á grandes rasgos, según la le-- 
gislación general, los beneficios y ventajas 
reconocidos á los que prestan ó han presta- 
do servicio militar en las clases de tropa, 
son los siguientes: 

Tienen derecho á ingresar en los Institu- 
tos de Guardia civil y Carabineros, siempre 
que reúnan las condiciones de robustez, ta- 
lla y buenos servicios que previenen los Re- 
glamentos. 

Siendo sargentos, pueden ingresar en el 
Cuerpo auxiliar de oficinas militares (Re- 
glamento de 26 de Junio de 1889), y en el 
auxiliar de Administración militar (Regla- 
mento de 3 de Enero de 1887). 

Pueden obtener destinos civiles los sar- 
gentos, siempre que aquellos sean de porte- 
ros, conserjes y otros análogos, ó que no 
excedan de la clase de oficial quinto en la 
Administración del Estado, ó en otro caso 
de 1.750 pesetas; reservándose los que no 
tengan señalado sueldo superior á 100 pe- 



128 

setas, á los soldados licenciados (Leyes de 3 
de Julio de 1876 y 10 de Julio de 1885 y 
Real orden de 26 aquellos mes y año). 

El Reglamento de 10 de Octubre de 1885 
incluye entre los destinos que están reser- 
vados á las clases de tropa, los que se pa- 
guen con fondos provinciales y municipales 
y tengan sueldo de l.OOO á 1.750 pesetas, 
y los de escritorio, vigilancia y análogos en 
el número que el Gobierno designe, en las 
Empresas industriales que se creen y nece- 
siten concesiones especiales del Estado. 

El mismo Reglamento en su art. 5.* con- 
cede preferencia para obtener expendedu- 
rías de tabacos y administraciones de lote- 
rías, á falta de sargentos en activo, á las 
viudas, hijas y hermanas de los muertos en 
campaña ó prestando servicio en puntos 
epidemiados de la Península ó Ultramar. 

El 6.** concede preferencia para ocupar los 
destinos vacantes en Ultramar, á los que 
sirvan ó tengan su residencia en el respecti- 
vo territorio. 

El Reglamento de los Colegios preparato- 
rios, favorece á los hijos de individuos de 
tropa exigiéndoles una pensión muy inferior 
á la de los demás alumnos, con el nombre de 
«pensión reducida». 



124 

El art. 71 del Reglamento de la Academia 
general militar, concede preferencia para 
cubrir las plazas en igualdad de censuras y 
circunstancias, á los sargentos, cabos y sol- 
dados; y el 73 señala las cuotas que han de 
satisfacer los hijos de militar, según la gra- 
duación de éste, y que son siempre muy 
inferiores á las que satisfacen los demás 
alumnos. 

La Real orden de 25 de Febrero de 1890, 
previene que se abone el pasaje por el Esta- 
do á los individuos de tropa que se presen- 
ten á examen en las Academias militares, y 
que en ellas se les dispense del pago de ma- 
trículas y derechos de examen. 

La de 17 de Noviembre del mismo año, 
señala tres pesetas de pensión diaria á los 
alumnos de la Academia que sean indivi- 
duos de clase de tropa y lleven dos años de 
servicio en filas. 

Finalmente, la ley de 8 de Julio de 1860 
concede á los individuos de tropa que sean 
inutilizados en acción de guerra, pensiones 
de retiro que varían entre 455 pesetas al 
soldado y 912,50 al sargento, además del 
derecho á ingreso en Inválidos; á sus viu- 
das, huérfanos y madres pobres, pensiones 
diferentes; y á los hijos, el derecho de ser 



126 

educados, hasta terminar su carrera, por 
cuenta del Estado. 

En cuanto á derechos pasivos, no sólo se 
ha reconocido á los naturales ó residentes 
en América los derechos que las leyes con^ 
ceden á los peninsulares qiie pertenecen al 
ejército ó sirven en la administración gene- 
ral del país, sino que se les han otorgado 
mayores beneficios. 

La Real orden de 1 7 de Noviembre de 1830 
declaró incorporados al Montepío militar á 
los oficiales de las milicias de América, pre- 
viniendo que sus familias opten á las mis- 
mas pensiones que las de los oficiales del 
ejército. 

La de 2 de Junio de 1847 incorporó al ci- 
tado Montepío á los maestros mayores y ce- 
ladores de fortificaciones que gocen de suel- 
do en Ultramar. 

El Reglamento de 23 de Octubre de 1872 
declara también incorporados al Montepío 
militar á los oficiales de la Guardia civil de 
Ultramar. 

La Real orden de 27 de Octubre de 1810 
declaró con derecho á pensión del Montepío 
á las viudas de subalternos que se hubieren 
casado con licencia en América, después de 
obtener el grado de capitán en la Península. 



126 

La ley sancionada en 28 de Mayo de 1878 
declara que el art. 15 de la de presupuestos 
de 1864 y er¿l de la de 3 de Agosto de 1866 
sobre derechos pasivos, son aplicables á las 
viudas y huérfanos de los empleados natu- 
rales de Cuba y Puerto Rico que fallezcan 
en Filipinas, Marianas ó posesiones del golfo 
de Guinea, á las viudas y huérfanos de na- 
turales de Filipinas que mueran en las po- 
sesiones de África, y á los naturales de éstas 
que fallezcan en Cuba y Puerto Rico. 

El caso 3.* del art. 21 del decreto de la 
Regencia de 24 de Enero de 1843, concedió 
á las viudas é hijos de empleados peninsu- 
lares el derecho á cobrar sus pensiones por 
Ultramar, siempre que aquéllas ó aquéllos 
fuesen naturales de las respectivas provin- 
cias ó posesiones ultramarinas, ó tuvieren en 
eUas parientes ó bienes^ aunque los tales em- 
pleados hubieren servido únicamente en la 
Península. Y la orden de 1."* de Marzo de 
1873 declaró á dichas viudas naturales de 
Ultramar, con derecho á cobrar peso fuerte 
por sencillo, aunque su marido no hubiera 
servido en aquellos dominios dos años su últi- 
mo empleo y hubiere muerto en la Península. 
. La Real orden de 28 de Setiembre de 1 858 
concede derecho á retiro por Ultramar, coa 



127 

aumento de sueldo, á razón de peso fuerte 
por sencillo, á los naturales de aquellos paí- 
ses, á los que hayan servido alU determinados 
años y á los que hayan contraído matrimonio 
con mujer de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas. 

Para cortar los abusos á que dio origen 
este último privilegio, la ley de 21 de Abril 
de 1892 ha anulado las concesiones de reti- 
ro hechas á los que jamás han residido en 
Ultramar; pero no deja de reconocerlas como 
válidas para los que en el plazo de tres me- 
ses trasladasen su residencia á la isla en que 
tengan asignado el retiro. El art. S."" de la 
misma ley conserva i los que fijen su resi- 
dencia en Ultramar, el derecho á percibir 
peso fuerte por escudo; y á los que hayan 
servido seis años en aquellos países, antes 
de publicarse la ley de 29 de Junio de 1888, 
la bonificación de un tercio de su sueldo si 
residen en la Península, y el peso fuerte por 
escudo si residen en dichas provincias ó po- 
sesiones. 

Además de los beneficios enumerados, se 
conceden á los naturales de Ultramar otros 
muchos, entre los cuales son muy de apre- 
ciar los que asignan cierto número de pla- 
zas en las Academias militares de la Penín- 
sula á los alumnos de las preparatorias de 



128 

Ultramar que fueren aprobados en aquellos 
territorios, abonándoseles en primera clase 
el pasaje de venida y de regreso, siempre 
que éste lo verifiquen por causas ajenas á 
su voluntad. (Arts. 60 y 61 del Reglamento 
vigente de pases á Ultramar.) 

Las viudas de generales, jefes y oficiales 
que sean naturales de Ultramar, tienen de- 
recho á ser trasportadas con sus hijos por 
cuenta del Estado; y á falta de viuda, el 
abono se hará á los huérfanos y á la abuela, 
sj la tuvieren. (Art. 76 del mismo Regla- 
mento.) 

La proporción de los cargos servidos por 
insulares, dentro de cada uno de los ramos 
de la Aministración general del Estado, es 
el mejor testimonio de la liberalidad con 
que han sido atendidos sus merecimientos 
y aptitudes. 

Al frente del Ministerio de la Guerra, 
figura en la actualidad un hijo de Filipinas, 
el teniente general D.Marcelo de Azcárraga 
y Palmero, para quien su naturaleza no ha 
sido obstáculo que contrariase justificados 
encumbramientos hasta llegar á la jerar- 
quía militar y política de que goza y conse- 
guir la autoridad y el prestigio que la opi- 
nión le reconoce. 



129 

La Subsecretaría del Ministerio de Ultra- 
mar se halla desempeñada por un cubano, 
D. Guillermo de Osma, y Ministro del propio 
Departamento fué, no há mucho, otro cuba- 
no, D. Buenaventtlra de Abarzuza; el Secre- 
tario del Gobierno civil de Madrid, D. Fran- 
cisco Gassá, es natural de Cuba, y una Vi- 
cepresidencia del Congreso de los Diputados 
ha estado encomendada, en las últimas Cor- 
tes, á D. Francisco Lastres, cubano también, 
como antes lo estuvo á otro cubano, el se- 
ñor Santos Güzmán. 

En la larga lista de los empleados de la 
Administración civil ultramarina, y al lado 
de los que, procedentes de la anterior insu- 
rrección, sirven cargos en la metrópoli ó 
en la isla, figura buen número de cubanos: 
los Acosta, Montalvo, Azcárate, Vinent, 
Kindelán, Freiré, Ilisástegui, Echevarría, 
Justiz, Salabrigas, OTarril, Bolívar, Rosillo, 
Yaldés, Malli, Armas, Betancourt, Bernal, 
Balboa, Cadaval, Diago, Chacón, Beltrán, 
Insúa, Kohaly, Varona, y cien más; la re- 
lación sería interminable. Sólo en el Cuerpo 
de comunicaciones de Cuba hay más de cien 
funcionarios cubanos, es á saber, la mitad ó 
algo más de la mitad. 

La enseñanza puede decirse que está por 

9 



130 

ellos monopolizada. El Rector de la Univer- 
sidad de la Habana, D. Joaquín F. Lastres, es 
cubano; lo son el vicerrector D. José María 
Garbonell, el secretario general D. Juan Gó- 
mez de la Maza y Tejada y los Decanos de 
TODAS las Facultades: D. José Castellanos y 
Arango, de Filosofía y Letras; D. Manuel J. 
Cañizales Benegas, de Ciencias; D. Leopoldo 
Berrier y Fernández, de Derecho; D. Fede- 
rico Hortsman y Cantos, de Medicina; Don 
Carlos Donoso y Lardier, de Farmacia , y el 
Director del Jardín Botánico, D. Manuel Gó- 
mez; resultando que de 80 catedráticos, son 
cubanos 60. 

En la Escuela profesional lo es el Direc- 
tor D. Bruno García Ayllón, siéndolo tam- 
bién los ocho profesores que desempeñan 
todas las clases de la misma. En la de Pin- 
tura y Escultura no hay más que un pe- 
ninsular, de tres maestros que la regentan: 
el Director es cubano. Los Institutos de se- 
gunda enseñanza de Matanzas, Santa Clara 
y Puerto Príncipe están dirigidos igual- 
mente por hijos del país, D. Eduardo Díaz 
y Martínez, D. Alejandro Muxó y Pablos y 
D. Agustín Betancourt y Ronquillo, respec- 
tivamente; y en el cuadro general de este 
profesorado aparecen 3 5 catedráticos cuba- 



131 

nos, de 58 que, eo total, pertenecen á di-- 
ches Institutos y á los de la Habana, Pinar 
del Río y Santiago de Cuba. 

La administración de justicia de la isla 
les está por completo reservada en las es- 
feras inferiores, pues son del país todos los 
jueces municipales y ñscales, con alguna 
rarísima excepción; y aun en las escalas 
más altas, de Juez de entrada á Magistrado 
de la Habana inclusive, tienen una partici- 
pación importantísima. Son antillanos los 
Magistrados de dicha Audiencia D. Manuel 
Vías Ochoteco, D. Francisco Noval y Martí 
y D. Juan Valdés Pagés, y en la misma ca- 
tegoría ejercen cargos análogos D. José Ma- 
ría Larrazábal, Presidente de la Audiencia 
de Matanzas; D. Francisco Ramos y Moya, 
Presidente de la de Santiago de Cuba, y 
D. Belisario Alvarez Céspedes, Teniente fiscal 
de la Habana, naturales todos de Ultramar. 

Entre los Magistrados de Audiencias te- 
rritoriales lo son 10 de 41; entre los de Au- 
diencias de lo criminal, 7 de 24; entre los 
Jueces de primera instancia de término, 12 
de 36; entre los de ascenso, 13 de 44; entre 
los de entrada, 23 de 62; y en las Promoto- 
rías y Asesorías de Filipinas hay, por fin, 7 
cubanos. La carrera judicial de Ultramar 



132 

cuenta, en suma, 78 de tal naturaleza, es 
decir, un 30 por 100 del total que la cons- 
tituye. Y la proporción irá necesariamente 
en aumento á favor de los insulares, dadas 
las facilidades que les ofrece el ingreso por 
oposición, que si hoy les mantiene todavía 
en categorías modestas, irá adjudicando^ 
les puestos superiores á medida que el 
tiempo avance y el movimiento natural de 
los escalafones les encumbre progresiva- 
mente. 

De 75 Notarías que hay en Cuba, sólo es- 
tán á cargo de peninsulares 25, quedando 
por consiguiente dos terceras partes en po- 
der de los cubanos. De 25 Registros de la 
Propiedad, poseen 13. 

En el ejército tienen igualmente lucida y 
numerosa representación. El General de di- 
visión D. José Arderíus, que acaba de ser 
Gobernador militar de la Habana, los de 
igual clase D. Andrés González Muñoz, Don 
Francisco Loño,que desempeñan mandos en 
aquel ejército, D. Adolfo Rodríguez Bruzón 
con destino en la Península, y los de briga- 
da D. Emiliano Loño, D. Miguel Bosch, Don 
Jorge Garrich, D. Juan Godoy y otros pro- 
ceden también de las Antillas españolas. De 
igual modo procedieron caudillos tan agüe- 



183 

rridos y respetables como los Capitanes Ge- 
nerales D. José y D. Manuel Gutiérrez de la 
Cíoncba, de Buenos Aires; D. Juan Zavala 
y D. Juan de la Pezuela, que vive aún, del 
Perú; los Tenientes Generales D. Felipe Ri- 
yero, de Bolivia, D. Antonio Ros de Olano, 
de GaracaS) y D. Fernando Fernández de 
Górdova, de Buenos Aires; los de igual clase 
D. Ramón Zarco del Valle, D.Vicente Gena- 
ro de Quesada y D. Joaquín de Ezpeletal 
eran de la Habana; D. Juan Ampudia, Don 
Félix Ferrer y D. Francisco Acosta, Gene- 
rales de división, nacieron todos en la isla 
de Cuba. 

En el arma de Infantería abundan los 
jefes y oficiales naturales de Ultramar: Gar- 
cía Delgado, Aguilera, Padilla, Romague- 
ra, Sáncbez Echevarría, Gastón, Rubio Ma- 
sot. Salas Marzal, López Rozábal, Martí, 
fíasHUa Mármol, Alvarado, Villalón, Amoe- 
do^ Infante, Geballos Aviles, Luque, Lope- 
rena, Garriga, Mahy, etc., etc. 

En Caballería, aun siendo el personal más 
reducido, se aproximan á 100 los jefci^ y ofi- 
ciales antillanos: Girond,Zapiraín,Figueroa, 
Yrio Urgellés, Andriani, Palanca, Serrano 
Domínguez, Pezuela, Vinent, Moreno, Fro- 
mista, González Anleo, Ro viral ta. Gamboa, 



134 

Gregorich, Betancourt, Pérez Pedroso, Obre- 
gón Fedriani, Kirpatrich, 0*Farril, etc. 

En Artillería, 55: Flores, Segarra, Tapia 
Ruano, Ceballos, Planell, Velay Silva, Gar- 
cía del Valle, Vicario y Delfín, Osma y 
ScuU, Marchesi, De Miguel, Valdivia, Irizar, 
Vega y Zayas, y otros. 

En Ingenieros hay hasta 36 insulares: 
Otero Cossío, Gayoso y 0*Nagthen, Portillo, 
navarro y Múzquiz, Kindelán, Manzano, Do- 
minicis, Gasamitjana, Tuero, González Esté- 
íani, etc.; en Estado Mayor, 19: Castañera, 
Domingo, Kindelán, Vi vaneo. Casariego, In- 
cenga. Morales, Ortiz, etc.; en la Guardia 
civil llegan á 35; en Carabineros, 9; en Sa- 
nidad Militar, 1 3; en Administración mili- 
tar, 17; en el Cuerpo Jurídico-militar, 2; en 
Veterinaria, 2. 

La Marina cuenta asimismo con brillantes 
generales, jefes y oficiales nacidos en las 
provincias de Ultramar. 

Y todas las demás carreras oficiales, todas 
las profesiones, artes é industrias, la banca, 
el foro, la política, han abierto franco acceso 
á los hijos de Ultramar, que comparten, sin 
restricción alguna, la vida nacional en sus 
múltiples aspectos, que merecen y han me 
recido siempre singular aprecio en la Me- 



135 

trópoli (1), 7 que, representando á Cuba y 
Puerto Rico en el Senado y en el Congreso 
de los Diputados, intervienen en la más alta 
función del Poder, determinando la organi- 



(1) Con profunda verdad ha escrito el ilustre 
literato D« Juan Yalera, Ministro, que fué, de 
España en los Estados Unidos: 

uYo aseguro que siempre hemos dado & los 
hispanoamericanos las mayores pruebas de es- 
timación y de cariño. Y esto desde los tiempos 
más antiguos hasta el día de hoy. Americano 
era Alarcón, y no hay español que no le cuente 
entre nuestros grandes y gloriosos poetas dra- 
máticos; casi, y tal vez sin casi, al nivel de 
Lope, de Calderón y de Tirso. Americana era 
Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, y figura 
en España como la primera de nuestras poetisas 
líricas desde que empezó á escribirse en lengua 
española basto el día. Y la poetisa (|ue la sigue, 
y que tendríamos por la primera, si la Avella- 
neda no hubiera nacido, es sor Juana Inés de la 
Cruz, también americana. 

No perjudicó ni estorbó su calidad de ameri- 
canos ni á Gorostiza, ni k Ventura de la Vega, 
ni á Rafael María Baralt, ni á José Heriberto 
García de Quevedo, para ser entre nosotros al- 
tamente encomiados, aplaudidos y honrados con 
puestos y cargos importantes. Por eminentes 
hombres de Estado y popularísimos caudillos 
han pasado en España otros varones ilustres, 
nacidos también en América. Valga para ejem- 
plo el Marqués del Duero. 

Cuantos personajes se han distinguido en la 
América española, por su saber, por su ingenio 
ó por sus hazañas, desde que la América espa- 
ñola se declaró independiente, han sido en Es- 
paña^ tan celebrados y queridos como en la Be- 
pública misma donde ellos nacieron. Así Don 



186 

zaci¿n general de las Antillas, y los dere- 
chos y beneficios de sus hijos, por consi- 
guiente. 



Andrés Bello, k qaien admiramos como ñlólogo 
y como autor de í)ereclio internacional, y cuyos 
hermosos y elegantes versos nos sabemos de me- 
moria: y asi D. Rufino Cuervo, cuyo Dicciona- 
rio calificamos de trabajo maravilloso. No nos 
duele, sino que nos encantamos y nos u&namos 
en poder admirar con fundamento las poesías de 
ambos Caros, de Mármol, de Andrade, de Obli- 
gado, de Restrepo, de Oyuela, de Rubén Darlo 
y de algunos otros. 

£1 buen gusto y la justicia no consienten que 
nuestra admiración se difunda mucho más.» 

{Bl £i&«raZ.— Lunes 6 de Abril de 1896.) 



XXIII 

Consideraciones y recuerdos. 



Gomo se ve, el régimen vigente en todos 
los órdenes de la administración de las An- 
tillas no responde sólo al criterio asimilista 
que desde largo tiempo hasta la fecha ha 
venido elaborando su condición de verdade- 
ras provincias españolas, con todas las ins- 
tituciones, derechos y ventajas de que éstas 
dis&utan, sino que al llevar á la práctica el 
precepto constitucional de gobernarlas por 
leyes especiales ó de modificar, con relación 
á ellas, las promulgadas para la Península, 
se ha cuidado de que esa especialidad, lejos 
de representar merma ó regateo de atribu- 
ciones propias y libertades locales, tienda, 
por el contrario, á darles sólidas garantías 
de bienestar y florecimiento, exceptuándolas 
de cargas y gravámenes impuestos por igual 
á todas las demás regiones del territorio es- 
pañol. 

Así los cubanos no contribuyen al ser- 
vicio militar, que pesa sobre todos los ciu- 



138 

dadanos de la Nación, sin distinción de cla- 
ses y con el carácter de forzoso durante doce 
años. 

El Tesoro de Cuba no responde tampoco 
de las obligaciones del Tesoro Nacional, en 
tanto que éste se halla directamente com- 
prometido al pago de las deudas contraídas 
por aquel. 

De otra parte, los ingresos recaudados en 
la isla de Cuba por razón de los tributos im- 
puestos á sus habitantes, que no son ni con 
mucho los del presupuesto general del Es- 
tado, se dedican íntegros al pago de los gas- 
tos de la gran An tilla, sin que con ellos se 
sufrague en modo alguno el importe de los 
servicios de la administración general del 
país, de los cuales participa Cuba por medio 
de su representación en Cortes y de la reso- 
lución en alzada de los asuntos sometidos á 
la metrópoli, ora administrativamente ante 
el Gobierno ó los altos Cuerpos consultivos^ 
ora ante los Tribunales de justicia. 

Dada esta organización, puede asegurarse 
que el estado legal de la isla de Cuba se apro- 
xima más al de las colonias inglesas regidas 
por el principio de la autonomía, el cual no 
obsta para el ejercicio del veto encomendado 
á la Corona, que á las de Francia, Dinamar- 



139 

ca y Holanda, donde el Poder ejecutivo 6 los 
Estados generales del Reino, respectivamen- 
te, fíjan la constitución colonial, sin conce- 
der á los colonos representación alguna en 
la metrópoli. 

Y nadie lo ha reconocido con más elocuen- 
cia que el partido autonomista, en el mani- 
fiesto que la Junta central del mismo diri- 
gió al pueblo de Cuba, al estallar la última 
insurrección. Está fechado en la Habana el 
4 de Abril de 1895, y lo suscriben firmas 
tan autorizadas, dentro de aquella agrupa- 
ción, como las siguientes: José María Calvez, 
Garlos Saladrigas, Juan Bautista Ármente- 
ros, Luis Armenteros Labrador, Manuel Ra- 
fael Ángulo, Gonzalo Aróstegui, José Buzón 9 
José María Garbonell, José de Cárdenas y 
Gassié, Raimundo Cabrera y Leopoldo Can- 
sío, José A de Cueto, Marqués de Esteban, 
Rafael Fernández de Castro, Carlos Fons y 
Sterling, José Fernández Pellón, Antonio Qo- 
bín y Torres, Elíseo Giberga, Joaquín Güell 
y Renté, José María García Montes, Manuel 
Francisco Lámar, Herminio C. Leiva, Ricar- 
do del Monte, Federico Martínez Quintana, 
Rafael Montero, José Rafael Montalvo, An- 
tonio Mesa y Domínguez, Ramón Pérez Tru- 
jillo, Pedro A. Pérez, Leopoldo Sola, Emilio 



140 

Terry, Diego Tamayo, Miguel Francisco 
Yiondi, Francisco Zayas y Garlos de Zaldo* 

En este importante documento se dice 
textualmente que, aun sin haber sonado el 
grito de insurrección, «la Junta central ha- 
bría cumplido el deber de dirigir su voz al 
país en vísperas de inaugurarse un nuevo 
régimen, á cuya cooperación han cooperado 
sus representantes parlamentarios, en me- 
dio de una atmósfera de benevolencia y de 
concordia, que ellos no habían encontrado 
jamás en la metrópoli, y de que querían dar 
leal testimonio ante sus conciudadanos.» 

Tal fué el momento elegido por los in- 
surrectos para enarbolar la bandera de la 
rebelión contra la Patria, que de este modo 
proseguía su obra de las reformas colonia- 
les; mostrándose el partido autonomista tan 
firme en sus principios como enérgico en su 
protesta ante la que gráficamente llamó 
«anónima é incalificable algarada en que no 
se sabe siquiera lo que en realidad se pre- 
tende, pues ha tenido vivas para todas las 
causas y banderas para todas las rebeldías.» 

Y añade: 

«El nuevo orden establecido por las Cor- 
tes, que, inaugurado en plena paz y en me- 
dio de la poderosa corriente que se había 



ú éiiHjm i i 



141 

producido á favor de la concordia y del pro- 
greso por la libertad, habría sido desde el 
primer día fecundo en inmediatos benefi- 
cios, preparando nuevos adelantos, nunca 
podría dar tales resultados, si se plantease 
entre las ansiedades, las iras, los resen- 
timientos é indignaciones de una guerra 
civil.» 

Haciendo luego el resumen de las «im- 
portantes conquistas obtenidas en el senti- 
do de la descentralización colonial», registra 
el manifiesto las siguientes: 

«Abolición de la esclavitud y del patro- 
nato. 

Promulgación de la ley fundamental del 
Estado. 

Las libertades de imprenta, reunión, aso- 
ciación, enseñanza y cultos en el mismo 
grado y con las mismas garantías que en la 
metrópoli. 

El juicio oral y público. 

El matrimonio y el registro civiles. 

Toda la moderna legislación civil y penal 
de la madre Patria. 

La supresión del derecho diferencial de 
bandera y los de exportación. 

La rebaja de más de un 35 por 100 de los 
presupuestos que legó la anterior guerra.» 



142 

Y termina diciendo: 

«El partido liberal de 1878, que ha visto 
cómo se han cumplido y se cumplen aque- 
llas promesas (las del Zanjón), no romperá 
su bandera, ni cederá el campo á los que 
vienen á malograr nuestra trabajosa cose- 
cha, á hacernos cejar en la senda del pro- 
greso pacífico, á arruinar la tierra y á nu- 
blar la perspectiva de nuestros destinos con 
horribles espectros: la miseria, la anarquía 
y la barbarie.» 

No cabe juicio más autorizado ni con ma- 
yor acierto expuesto, acerca de lo que es y 
significa la insurrección cubana contra la 
dominación española, que tan fehacientes 
pruebas acababa de dar á los antillanos del 
vivo deseo de poner su condición política 
á la altura de los pueblos más adelantados, 
hasta el extremo de dotarles de un régimen 
administrativo tan especialmente deseen tra- 
lizador, que no lo comparten, por cierto, las 
demás provincias españolas. 

La ley reformando el régimen de gobier- 
no y administración civil en las islas de 
Cuba y Puerto Rico, promulgada en 23 de 
Marzo de 1895, es, en efecto, la última pa- 
labra de la organización más ampliamente 
liberal de una colonia que no rompa todos 



143 

SUS vínculos con la soberanía de la Nación. 
Créase por ella un Consejo de administra- 
ción constituido por treiata Consejeros, mi- 
tad de nombramiento Real y mitad elegidos 
por el mismo censo que las Diputaciones 
provinciales, el cual asume todas las facul- 
tades relativas al régimen de las obras pú- 
blicas, comunicaciones telegráficas y posta- 
les, terrestres y marítimas, de la agricultu- 
ra, industria y comercio, de la inmigración 
y colonización, de la instrucción pública, de 
la beneficencia y de la sanidad, formando y 
aprobando todos los años el presupuesto lo- 
cal con suficientes recursos para dotar aque- 
llos servicios, y debiendo ser oído sobre los 
presupuestos generales de gastos y de in- 
gresos, cuyos proyectos, variados ó no por 
el Gobierno, se presentarán siempre á las 
Cortes, como informe al menos; sobre las 
cuentas generales que rinda todos los años 
la Intendencia de Hacienda; sobre los asun- 
tos del Patronato de Indias; sobre los acuer- 
dos de los Gobernadores civiles que lleguen 
en alzada basta el Gobernador general; sobre 
la separación y destitución de Alcaldes y de 
Regidores; sobre todo cuanto afecte, en fin, 
á los más importantes intereses de la admi- 
nistración general de la isla. 



144 

Al lado de este fundamental organismo, 
la ley municipal y la provincial quedarán 
modificadas para que los preceptos de las 
mismas respeten y faciliten la acción del 
Consejo, en relación con las atribuciones 
que le están encomendadas. 

Tan vigorosamente se desenvuelven los 
principios de especialidad y descentraliza- 
ción en esta novísima legislación del año 
último, acogida por los insurrectos con el 
estruendo de las balas y los estragos de la 
muerte, la devastación y el incendio, en odio 
á la madre Patria, que una vez más se mos- 
traba solícita, leal y generosa con sus hijos. 



XXIV 

Ley reformando el régimen de gobierno y ad- 
ministración civil en las islas de Cuba y Puerto 

Rico. 



«Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios 
y la CSonstitución Rey de España, y en su 
nombre y durante su menor edad la Reina 
Regente del Reino; 

A todos los que la presente vieren y en- 
tendieren, sabed: que las Cortes han decre- 
tado y Nos sancionado lo siguiente: 

«Articulo i."" El régimen del gobierno 
y la administración civil de la isla de Cuba 
se acomodará á las siguientes bases: 

Base primera 

La ley municipal y la ley provincial 
vigentes en la isla quedarán modificadas 
en cuanto sea menester para los fines si- 
guientes: 

Las cuestiones relativas á la constitución 
de los Municipios, agregación, segregación 

10 



146 

y deslindes de términos municipales, serán 
resueltas por el Consejo de administración, 
previo informe de la Diputación provincial 
respectiva. 

También quedará modificada la ley pro- 
vincial en todo aquello en que estas bases 
atribuyen la competencia al Consejo de ad- 
ministración. 

Las cuestiones relativas á la constitución 
de los Ayuntamientos, incidencias de elec- 
ciones, capacidad de los electos y demás 
análogas, serán resueltas por la Diputación 
provincial. 

Serán Alcaldes los Concejales elegidos por 
los Ayuntamientos mientras el Gobernador 
general no estime oportuno nombrar otro 
miembro de la Corporación. Los Alcaldes 
ejercerán, además de las funciones activas 
de la administración como ejecutores de los 
acuerdos de los Ayuntamientos, la represen- 
tación y delegación del Gobierno. 

En todo caso de suspensión gubernativa 
de acuerdos municipales, el asunto pasará 
desde luego á conocimiento del Tribunal or- 
dinario, si la suspensión hubiere sido acor- 
dada por razón de delincuencia, ó á conoci- 
miento de los Gobernadores civiles, previo 
informe de la Diputación provincial, si el 



147 

motivo de la suspensióo fuese haber recaído 
el acuerdo en asuntos positivamente extra- 
nos á la competencia municipal ó haber in- 
fringido las leyes. 

Los Gobernadores civiles podrán suspen- 
der los acuerdos de las Corporaciones mu- 
nicipales, Y amonestar, apercibir, multar ó 
suspender á sus individuos cuando tras- 
pasen el limite de la competencia muni- 
cipal. 

Para la destitución gubernativa de Alcal- 
des y Concejales en los casos que la ley de- 
termine, el Gobernador general deberá oir 
previa y necesariamente al Consejo de ad- 
ministración. 

Todo individuo de Corporación munici- 
pal que hubiese dictado providencia ó vota- 
do acuerdo lesivo para los derechos de par- 
ticulares, será responsable de indemniza- 
ción ó restitución á los perjudicados, ante 
los Tribunales que, según los casos, sean 
competentes, mientras tal responsabilidad 
no quede extinguida con sujeción á las re- 
glas ordinarias del derecho. 

En los asuntos definidos como de la pri- 
vativa competencia municipal, cada Ayun- 
tamiento gozará de toda la libertad de ac- 
ción compatible con la obediencia á las le- 



148 

yes y con el respeto á los derechos de los 
particulares. 

Para que los Ayuntamientos y las Juntas 
de asociados designen los recursos y arbi-^^ 
tren los medios que preñeran en cada pue- 
blo para cubrir los servicios y obligaciones 
del Municipio, se les concederá toda la lati^ 
tud de facultades que sea compatible con el 
sistema tributario del Estado. 

Las Diputaciones provinciales podrán re- 
visar los acuerdos de las Corporaciones mu- 
nicipales relativos á formación ó alteración 
de sus presupuestos, sin mermar las facul- 
tades discrecionales de aquéllas, cuidanda 
de que no se autorice gasto alguno que ex- 
ceda de los recursos efectivos, y de que, con 
preferencia á toda otra necesidad, se solven- 
ten los débitos ó atrasos que resultaren áe 
un año para otro y las obligaciones que hu- 
bieran sido declaradas por ejecutoria de los 
Tribunales competentes. El Gobernador ge- 
neral y los Gobernadores sólo tendrán en 
estos asuntos la intervención necesaria para 
asegurar la observancia de las leyes y la 
compatibilidad de los recursos municipales 
con los ingresos del Estado. 

Las cuentas anuales de los Alcaldes, com- 
prensivas de los ingresos y gastos ordinarios^ 



149 

y extraordinarios, serán publicadas en las 
localidades, revisadas y censuradas, con vis- 
ta de las reclamaciones, por las Diputacio- 
nes provinciales, y aprobadas por los Gober- 
nadores civiles si no excedieren de 100.000 
pesetas, y si excedieren de esa suma, por el 
Consejo de administración. Las Diputacio- 
nes 7 el Cionsejo declararán en su caso las 
responsabilidades administrativas, á reserva 
de las que competan á los Tribunales ordi- 
narios. 

Los acuerdos de las Diputaciones provin- 
ciales serán apelables para ante el Consejo 
de administración. 

Base 2.* 

El Consejo de administración estará cons- 
tituido de la manera siguiente: 

Será Presidente el Gobernador general 
propietario ó interino. 

El Gobierno nombrará por Real decreto 
1 5 Consejeros. 

Tendrá éste una Secretaría con el perso- 
nal indispensable para el despacho de los 
asuntos. 

El cargo de Yocal del Consejo será hono- 
rífico y gratuito para todos los miembros. 



150 

Para ser nombrado C!onsejero se requiere, 
además de llevar cuatro años de residencia 
en la isla, alguna de las calidades siguientes: 

Ser ó haber sido presidente de Cámara de 
Comercio, de la Sociedad Económica de 
Amigos del País ó del Círculo de Hacen- 
dados. 

Ser ó haber sido Rector de la Universidad 
ó decano del Colegio de abogados de capital 
de provincia por espacio de dos años. 

Figurar con cuatro años de antelación en. 
tre los 50 mayores contribuyentes de la isla 
por impuesto sobre la propiedad inmueble, 
ó por el ejercicio de profesión, industria 6 
comercio. 

Haber ejercido el cargo de Senador del 
Reino ó Diputado á Cortes en dos ó más le- 
gislaturas. 

Haber sido dos ó más veces Presidente de 
las Diputaciones provinciales de la isla; ha- 
ber sido durante dos ó más bienios Vocal de 
la Comisión provincial, ó durante ocho año& 
Diputado provincial. 

Haber sido durante dos ó más bienios al- 
calde en capital de provincia. 

Haber sido durante dos ó más años Con- 
sejero de administración hasta la promul- 
gación de esta ley. 



161 

Guando lo estime oportuno podrá el CSon* 
sejo llamar á su seno, por conducto del Go- 
bernador general, para oírlos, sin que por 
esto tengan voto, á los jefes de los servicios 
administrativos. 

El Gonsejo se compondrá además de 15 
Gonsejeros elegidos por el mismo censo que 
las Diputaciones provinciales. 

Estos cargos durarán cuatro años y se 
renovarán cada dos, veriñcándose la elección 
una vez en las provincias de la Habana, Pi- 
nar del Río y Puerto Príncipe, y otra en las 
de Matanzas, Santa Glara y Santiago de 
Guba. 

La Habana elegirá cuatro, Santiago tres 
y las demás provincias dos cada una. 

Elegidos de una vez todos los Gonsejeros 
al plantearse esta ley, ó en caso de destitu- 
ción total, la primera renovación tendrá 
efecto á los dos años, cesando los del primer 
grupo de provincias. 

En los casos ordinarios las elecciones se 
verificarán al mismo tiempo que las de Di- 
putados provinciales y en un sólo acto. 

El Gonsejo examinará las actas y determi- 
nará respecto de la capacidad legal de los 
electos y de los de Real nombramiento, y 
resolverá todas las cuestiones referentes á. 



152 

SU propia constitución con arreglo á las 
leyes. 

En la primera sesión de cada año nom- 
brará dos Vicepresidentes y dos Secretarios 
entre todos los Consejeros. El Gobernador 
general podrá delegar en aquéllos para el 
despacho ordinario de los asuntos. 

Base 3.* 

El Consejo de administración acordará 
cuanto estime conveniente para el régimen 
en toda la isla de las obras públicas, comu- 
nicaciones telegráficas y postales, terrestres 
y marítimas, de la agricultura, industria y 
comercio, de la inmigración y colonización, 
de instrucción pública, de la beneficencia y 
de la sanidad, sin perjuicio de la alta ins- 
pección y de las facultades inherentes á la 
soberanía que las leyes reserven al Gobierno 
de la Nación. 

Formará y aprobará todos los años el pre- 
supuesto con suficientes recursos para do- 
tar aquellos servicios. Ejercitará las fun- 
ciones que las leyes municipal y provincial 
le asignen y cuantas le atribuyan otras le- 
yes especiales. Censurará, y en su caso apro- 
bará, las cuentas de su presupuesto, que se- 
rán rendidas todos los años por la Dirección 






158 

general de Administración local, declaran- 
do las responsabilidades administrativas que 
resultaren. 

Los ingresos del presupuesto local consis- 
tirán: 

i J" En el producto de los bienes y rentas 
que pertenezcan al Estado ó á los estableci- 
mientos é institutos cuyo régimen econó- 
mico competa al Consejo. 

2."* En los recargos que dentro de los li- 
mites que las leyes autorizan acuerde el 
Consejo sobre las contribuciones é Jmpues- 

! tos del Estado. 

i 

Al Gobernador general, como jefe supe- 
rior de las Autoridades de la isla, incumbirá 
ejecutar todos los acuerdos del Consejo. 

Al efecto , como delegado de aquél, la Di- 
rección general de Administración local 
tendrá á su cargo los servicios dotados en el 
presupuesto local y la contabilidad referen- 
te al mismo, y será responsable de la inob- 
servancia de las leyes y resoluciones legíti- 
mas del Consejo de administración. 

Cuando el gobernador general reputare 
contrario á las leyes ó á los intereses gene- 
rales de la Nación cualquier acuerdo del 
Consejo, suspenderá su ejecución y adop- 
tará por sí mismo interinamente las provi- 



164 

dencias que exigieren las necesidades pú- 
blicas que quedaren desatendidas por efecto 
de la suspensión, sometiendo inmediata- 
mente el asunto al Ministerio de Ultramar. 

Si algún acuerdo del Consejo lesionara 
indebidamente derechos de particulares, los 
que hubiesen contribuido con su voto á adop- 
tarlo serán responsables de indemnización ó 
restitución al perjudicado, ante los Tribuna- 
les competentes. 

El Gobernador general, oída la Junta de 
Autoridades, podrá suspender eKlonsejo, ó 
sin aquel requisito decretar la suspensión 
de sus individuos, mientras quede bastante 
número para deliberar: 

Primero. Guando el Gonsejo ó alguno de 
sus miembros traspase el límite de sus fa- 
cultades legítimas con menoscabo de la Auto- 
ridad gubernativa ó judicial ó con riesgo de 
alteración del orden público. 

Segundo. Por razón de delincuencia. 

En el primer caso, dará cuenta inmedia- 
tamente al Gobierno para que éste levante 
la suspensión ó decrete la destitución por 
acuerdo adoptado en Gonsejo de Ministros 
dentro del plazo de dos meses, trascurridos 
los cuales sin una ú otra providencia, que- 
dará alzada de derecho la suspensión. 



155 

En el segundo caso entenderá desde luego 
en el asunto el Tribunal competente, que 
será la Audiencia de la Habana en pleno, y 
se estará á lo que ésta resolviese sobre la 
suspensión. En lo relativo á las demás res- 
ponsabilidades, tendrán los acusados el re- 
curso de casación. 

El Consejo será oído: 

i ."* Sobre los presupuestos generales de 
gastos 7 de ingresos, cuyos proyectos, que 
habrá formado la Intendencia, serán eleva- 
dos todos los años, dentro del mes de Marzo 
ó antes, al Ministerio de Ultramar, con las 
modificaciones propuestas por el Consejo. 

Aunque el Gobierno varíe el proyecto 
para presentarlo á las Cortes á ñn de pro- 
veer á los servicios y obligaciones generales 
del Estado, acompañará siempre, como in- 
forme, el redactado por el Consejo de admi- 
nistración. 

2.** Sobre las cuentas generales que la 
Intendencia de Hacienda rendirá sin excusa 
todos los años dentro del semestre siguiente 
á cada ejercicio económico, comprensivas de 
los ingresos y gastos liquidados y realizados 
en la administración del presupuesto gene- 
ral de la isla. 



156 

-S."" Sobre los asuntos del Patronato de 
Indias. 

4.'' Sobre los acuerdos de los Gobernado- 
res civiles que lleguen en alzada hasta el 
Gobernador general. 

5.** Sobre la destitución ó separación de 
Alcaldes y Regidores. 

6.*" Sobre los demás asuntos de carácter 
general que las leyes determinen. 

Podrá además el Gobernador general pe- 
dir al Consejo cuantos informes estime con- 
venientes. 

El Consejo celebrará periódicamente se- 
siones ordinarias y las extraordinarias á que 
lo convocare el Gobernador general. 

Base 4.* 

El Gobernador general será el represen- 
tante del Gobierno de la Nación en la isla 
de Cuba. Ejercerá como Vicerreal Patrono 
las facultades inherentes al Patronato de 
Indias. Tendrá el mando superior de todas 
las fuerzas armadas de mar y tierra existen- 
tes en la isla. Será delegado de los Ministe- 
rios de Ultramar, de Estado, de Guerra y 
de Marina, y le estarán subordinadas todas 
las demás Autoridades de la isla. Su nom-> 



167 

bramiento ó separación emanará de la Pre- 
sidencia del Consejo de Ministros con acuer- 
do de éste. 

Además de )as otras funciones que por 
precepto de las leyes ó por especial delega- 
ción del Gobierno le correspondan, serán 
atribuciones suyas: 

Publicar, ejecutar y hacer que se ejecu- 
ten en la isla las leyes, decretos, tratados, 
convenios internaciouales y demás disposi- 
ciones emanadas del Poder legislativo. Pu- 
blicar, cumplir y hacer que se cumplan los 
decretos, Reales órdenes y demás disposicio- 
nes emanadas del Poder ejecutivo y que le 
comuniquen los Ministerios de que es dele- 
gado. 

Guando á su juicio las resoluciones del 
Gobierno de S. M. pudieran causar daños á 
los intereses generales de la Nación ó á los 
especiales de la isla, suspenderá su publica- 
ción y cumplimiento, dando cuenta de ello 
y de las causas que motiven la resolución, 
por el medio más rápido, al Ministerio res- 
pectivo. 

Vigilar é inspeccionar todos los servicios 
públicos. 

Comunicar directamente sobre negocios 
de política exterior con los representantes, 



168 

agentes diplomáticos y cónsules de España 
en América. 

Suspender las ejecuciones de pena capital 
cuando la gravedad de las circunstancias lo 
exigiese y la urgencia no diere lugar á so- 
licitar y obtener de 8. M. el indulto, oyen- 
do el parecer de la Junta de Autoridades. 

Suspender, con audiencia de esta misma 
Junta y bajo su responsabilidad, cuando cir- 
cunstancias extraordinarias impidan comu- 
nicarse previamente con el Gobierno, las ga- 
rantías expresadas en los arts. 4.^ 5.**, 6.** y 
9.^ y párrafos primero, segundo y tercero 
del art. 1 3 de la Constitución del Estado, y 
aplicar la legislación de orden público. 

Como jefe superior de la administración 
civil en la isla, también corresponderá al 
Gobernador general: 

Mantener la integridad de la jurisdicción 
administrativa con arreglo á las disposicio- 
nes que rigen en materia de jurisdicción y 
atribuciones. 

Dictar las disposiciones generales nece- 
sarias para cumplimiento de las leyes y re 
glamentos, dando cuenta de ellas al Minis- 
terio de Ultramar. 

Cuando el Gobierno haya dictado regla- 
mentos ú órdenes para el debido cumpli- 



159 

miento de las leyes, el Gobernador general 
se ajustará estrictamente á lo dispuesto por 
aquél. 

Señalar los establecimientos penales en 
que se deban cumplir las condenas, dispo- 
ner el ingreso en ellos de los penados y de- 
signar el punto de confinamiento cuando los 
Tribunales impongan esta pena. 

Suspender á los funcionarios de la admi- 
nistración cuyo nombramiento corresponda 
al Gobierno, dando á éste cuenta razonada, 
y proveer interinamente las vacantes con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 

Sostener con los Ministerios de que es de- 
legado la comunicación de todas las Autori- 
dades de la isla. 

Compondrán la Junta de Autoridades el 
reverendo Obispo de la Habana ó el reve- 
rendo Arzobispo de Santiago de Cuba, si se 
hallare presente, el Comandante general del 
apostadero, el segundo Cabo, el Presidente y 
el Fiscal de la Audiencia de la Habana, el 
Intendente de Hacienda y el Director de Ad- 
ministración local. 

Los acuerdos de esta Junta, que se harán 
constar en acta duplicada, remitiendo un 
ejemplar al Ministerio de Ultramar, no obs- 
tarán para que el Gobernador general re- 



160 

suelva, bajo su responsabilidad, en todo caso, 
lo que crea más conveniente. 

El Gobernador general no podrá hacer en- 
trega de su cargo ni ausentarse de la isla 
sin expreso mandato del Gobierno, y será 
reemplazado, en casos de vacante, ausencia 
ó imposibilidad, por el General segundo Cabo 
en propiedad, y en defecto de éste por el Co- 
mandante general del apostadero, mientras 
el Gobierno no designe otra persona para la 
interinidad. 

La Sala de lo criminal del Tribunal Su- 
premo conocerá en única instancia de las 
responsabilidades deñnidas en el Código pe- 
nal que se imputaren al Gobernador general. 
De las responsabilidades administrativas en 
que el mismo incurra, conocerá el Consejo 
de Ministros. 

El Gobernador general no podrá modiñcar 
ó revocar sus propias providencias cuando 
hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, 
fuesen declaratorias de derechos ó hubiesen 
servido de base á sentencia judicial ó con- 
tencioso-administrativa, ó versasen sobre su 
propia competencia. 



161 
Bask 5.* 

La administración civil y económica de 
la isla, bajo la superior dependencia del Go- 
bernador general, quedará organizada con 
sujeción á las siguientes reglas: 

El Gobernador general con su Secretaría, 
G[ue estará á cargo de un Jefe de 'Adminis- 
tración, despachará directamente los asuntos 
de política. Patronato de Indias, conflictos 
jurisdiccionales, orden público, seguridad, 
extranjería, cárceles, penales, estadística, 
personal, comunicación entre todas las Au- 
toridades de la isla y el Gobierno, y cuales- 
quiera otros que no estén asignados á dis- 
tinta competencia. 

La Intendencia general de Hacienda, que 
estará desempeñada por un Jefe superior de 
Administración, tendrá á su cargo toda la 
gestión económica, la contabilidad, la inter- 
vención y la rendición de cuentas del pre- 
supuesto del Estado en la isla. 

De ella dependerán inmediatamente las 
Secciones administrativas de las provincias, 
salvas las facultades de inspección que el 
Gobernador general delegue, en casos deter- 
minados, en los Gobernadores civiles. 

La Dirección general de Administración 

11 



162 

local, desempeñada por un Jefe superior de 
AdmiDÍ3traciÓQ, estará encargada de los ser- 
vicios que se doten con el presupuesto for- 
mado por el Consejo de administración, de 
llevar la contabilidad, rendir y depurar las 
cuentas anuales del mismo presupuesto, de 
los asuntos municipales, y de cumplir to- 
dos los acuerdos de dicho Consejo de admi- 
nistración. 

Las plantillas de las oñcinas y el procedi- 
miento para el despacho de los asuntos se 
acomodarán al designio de conseguir la más 
extremada sencillez en los trámites y la res- 
ponsabilidad de los funcionarios. 

Las leyes determinarán los casos en que 
la resolución del Jefe, Autoridad superior 
en la isla, á cuya competencia corresponda 
cada asunto según esta base, causará esta- 
do, para dejar expedita en su caso la vía 
contencioso-administrativa. 

Se podrá acudir, sin embargo, en todo 
tiempo, con el recurso extraordinario de 
queja al Gobernador general respecto de los 
asuntos en que entiendan la Intendencia y 
la Dirección de Administración, y también 
al Ministerio de Ultramar respecto de cual- 
quiera asunto de la administración ó el go- 
bierno de la isla; pero la queja no interrum- 



163 

pira el procedimieato administrativo, ni el 
plazo hábil, ni el curso de la reclamación 
contencioso-administrativa. La cosa juzga- 
da en cada vía será inalterable en los tér- 
minos que señala la ley especial por que se 
rige. 

El Gobernador general y el Ministro de 
Ultramar, ejercitando las facultades de alta 
inspección, bien por su iniciativa, bien en 
virtud de queja, cuidarán de no interrum- 
pir el curso ordinario de los asuntos mien- 
tras no necesiten tomar alguna providencia 
para remediar ó prevenir daños irrepara- 
bles, antes de la resolución deñnitiva de la 
Autoridad competente. 

Art. 2.* El régimen de gobierno y la 
administración civil de la isla de Puerto 
Rico se acomodará á las siguientes bases: 

Basb 1/ 

La ley municipal vigente en la isla que- 
dará modificada en cuanto sea menester para 
los fines siguientes: 

Las cuestiones relativas á la constitución 
de los Municipios ó de las Corporaciones 
municipales (agregación, deslinde de térmi- 
nos, incidencias de elecciones, capacidad de 



164 

los electos y demás análogos), serán resuel- 
tas sin ulterior recurso por la Diputación 
provincial. 

Serán Alcaldes los Concejales elegidos por 
l03 Ayuntamientos, mientras el Gobernador 
general no estime oportuno nombrar otro 
miembro de la Corporación. Los Alcaldes 
ejercerán, además de las funciones activas 
de la administración como ejecutores de los 
acuerdos de los Ayuntamientos, la repre- 
sentación y delegación del Gobierno. 

En todo caso de suspensión gubernativa 
de acuerdos municipales, el asunto pasará 
desde luego á conocimiento del Tribunal or- 
dinario, si la suspensión hubiere sido acor- 
dada por razón de delincuencia, ó á conoci- 
miento de la Diputación provincial, para 
que confirme ó revoque la suspensión, si el 
motivo de ésta fuese haber recaído el acuer- 
do en asuntos positivamente extraños á la 
competencia municipal ó haber infringida 
las leyes. 

Los delegados del Gobierno general po- 
drán suspender los acuerdos de las Corpora- 
ciones municipales, y amonestar, apercibir^ 
multar ó suspender á sus individuos cuando 
traspasen el limite de la competencia mu- 
nicipal. 



165 

Para la destitución gubernativa de Alcal- 
des y Concejales en los casos que la ley 
determine, el Gober^iador general deberá 
oir previa y necesariamente al Consejo de 
administración. 

Todo iodividuo de Corporación municipal 
que hubiese dictado providencia ó votado 
acuerdo lesivo para los derechos de parti- 
culares, será responsable de indemnización 
ó restitución á los perjudicados, ante ios Tri- 
bunales que, según los casos, sean compe- 
tentes, mientras tal responsabilidad no que- 
de extinguida con sujeción á las reglas or- 
dinarias del derecho. 

En los asuntos deñnidos como de la pri- 
vativa competencia municipal, cada Ayun- 
tamiento gozará de toda la libertad de acción 
compatible con la obediencia á las leyes ge- 
nerales y con el respeto á los derechos de 
los particulares. 

Para que los Ayuntamientos y las Juntas 
de asociados designen los recursos y arbi- 
tren los medios que prefieran en cada pueblo 
para cubrir los servicios y obligaciones del 
Municipio, se les concederá toda la latitud 
de facultades que sea compatible con el sis- 
tema tributario del Estado. 

La Diputación provincial podrá revisar los 



166 

acuerdos de las Corporaciones municipales 
relativos á formación ó alteración de sus 
presupuestos sin mermar las facultades dis- 
crecionales de aquéllas, cuidando de que no 
se autorice gasto alguno que exceda de los 
recursos efectivos, y de que, con preferencia 
á toda otra necesidad, se solventen los débi- 
tos ó atrasos que resultaren de un año para 
otro y l&s obligaciones que hubieren sido de- 
claradas por ejecutoria de los Tribunales 
competentes. El Gobernador general y sus 
delegados sólo tendrán en estos asuntos la 
intervención necesaria para asegurar la ob- 
servancia de las leyes y la compatibilidad 
de los recursos municipales con los ingresos 
del Estado. 

Las cuentas anuales de los Alcaldes, corn- 
prensivas de los ingresos y gastos ordinarios 
y extraordinarios, serán publicadas en la lo- 
calidad, revisadas y censuradas con vista de 
las reclamaciones por los delegados, oyendo 
á los responsables acerca de los reparos, y 
aprobadas ó desaprobadas en definitiva por 
la Diputación provincial, laque declarará en 
su caso, sin ulterior recurso, las responsabili- 
dades administrativas, á reserva de las que 
competan á los Tribunales ordinarios. 

Quedará modificado el art. 118 de la vi- 



167 

gente ley municipal de Puerto Rico en el 
sentido de que á los Ayuntamientos corres- 
ponde, previo concurso, el nombramiento de 
sus Secretarios. 

Base 2.' 

Será reformada la ley provincial vigente 
en la isla de puerto Rico con los ñnes si- 
guientes: 

Para los efectos de los arts. 82 y 84, con 
arreglo al 89 de la Constitución, toda la isla 
seguirá formando una sola provincia, divi- 
dida en dos regiones. 

La Diputación provincial de la isla ejer- 
cerá en pleno todas sus funciones, estará 
formada por 1 2 diputados, 6 de cada región, 
cuyos cargos durarán cuatro años, y se re- 
novará por mitad de dos en dos años, ve- 
rificándose la elección una vez en la región 
de San Juan y otra en la de Ponce. Elegidos 
de una vez todos los Diputados al plantearse 
esta ley, ó en caso de destitución total, la 
primera renovación tendrá efecto á los dos 
años, cesando los de la primera región. 

La Diputación elegirá su Presidente, exa- 
minará y aprobará en su caso las actas y la 
capacidad legal de los electos, y resolverá 



168 

todas las cuestiones tocantes á su propia 
constitución con arreglo i las leyes. De los 
recursos que se entablen contra estas deci- 
siones de la Diputación, conocerá exclusí- 
vannente la Audiencia territorial de la isla. 

El Gobernador general, ofda la Junta de 
Autoridades, podrá suspender la Diputación, 
ó sin aquel requisito decretar por sí la sus- 
pensión de sus individuos, mientras quede 
bastante número de ellos para deliberar: 

Primero. Guando la Diputación ó algu- 
no de sus miembros traspase el límite de 
sus facultades legítimas con menoscabo de 
la Autoridad gubernativa ó judicial, ó con 
riesgo de la alteración del orden público. 

Segundo. Por razón de delincuencia. 

En el primer caso dará cuenta inmedia- 
tamente al Gobierno para que éste levante 
la suspensión ó decrete la destitución por 
acuerdo adoptado en Gonsejo de Ministros, 
dentro del plazo de dos meses, contados des- 
de la fecha en que salga el primer correo 
directo para la Península, trascurridos los 
cuales sin una ú otra providencia, quedará 
alzada de derecbo la suspensión. En el se- 
gundo caso entenderán desde luego en el 
asunto los Tribunales competentes y se esta- 
rá á lo que éstos resolviesen, tanto sobre la 



169 

suspensióa como en lo relativo í las res- 
ponsabilidades definitivas. 

La Diputación provincial acordará, con 
arreglo á las leyes y reglamentos, cuanto es- 
time conveniente para el régimen en toda 
la isla de las obras públicas, de las comu- 
nicaciones telegráficas y postales, terrestres 
y marítimas, de la agricultura, la industria 
y el comercio, de la inmigración y coloni- 
zación, de la instrucción pública, de la be- 
neficencia y de la sanidad, sin perjuicio de 
la alta inspección y de las facultades inhe- 
rentes á la soberanía que las leyes reserven 
al Gobierno de la Nación. Formará y apro- 
bará todos los años los presupuestos con su- 
ficientes recursos para dotar aquellos serví* 
cios; ejecutará las funciones que la ley mu- 
nicipal le asigne y cuantas le atribuyan 
otras leyes especiales. Censurará, y en su 
caso aprobará, las cuentas del presupuesto 
provincial, que serán rendidas todos los 
años por la Sección de Administración lo- 
cal, declarando las responsabilidades admi- 
nistrativas que resultaren. 

Los ingresos del presupuesto consistirán: 
primero, en el producto de los bienes y ren- 
tas que pertenezcan á la provincia ó á los 
establecimientos é institutos cuyo gobierno 



170 

y dirección compete á la Diputación provin- 
cial; segundo, en los recargos que las leyes 
autoricen y la Diputación acuerde sobre las 
contribuciones é impuestos del Estado cuya 
percepción esté encomendada á la Intenden- 
cia general de Hacienda; tercero, en el con- 
tingente que la Diputación señale á los Mu- 
nicipios, guardando siempre entre éstos la 
proporción en que se halle la entidad de los 
respectivos presupuestos. 

Al Gobernador general, como Jefe supe- 
rior de las Autoridades de la isla, incum- 
birá ejecutar todos los acuerdos de la Dipu- 
tación. Al efecto, como delegada de aquél, 
la Sección de Administración local en el 
Gobierno general tendrá á su cargo los ser- 
vicios dotados con el presupuesto provincial 
y la contabilidad referente al mismo, y será 
responsable de la inobservancia de las le- 
yes y resoluciones legítimas de la Diputa- 
ción. 

Guando el Gobernador general reputare 
contrario á las leyes ó á los intereses gene- 
rales de la Nación cualquier acuerdo de la 
Diputación provincial, suspenderá su ejecu- 
ción y adoptará por s{ mismo interinamente 
las providencias que exigieren las necesida- 
des públicas que quedaren desatendidas por 



171 

efecto de la saspeiisión, y, previo informe 
del Consejo de administración, someterá el 
asunto al Ministerio de Ultramar. 

Si algún acuerdo de la Diputación pro- 
vincial lesionara derechos de particulares, 
los que hubiesen contribuido con su voto á 
adoptarlo serán responsables de indemniza- 
ción ó restitución al perjudicado, ante los 
Tribunales competentes. 

Habrá en las regiones de San Juan y 
Ponce delegados del Gobernador general, 
con las categorías, calidades, dotaciones y 
facultades convenientes para facilitar el 
despacho de los asuntos administrativos y 
la acción gubernativa del Gobernador ge- 
neral. 

Basb 3.* 

El Consejo de administración de la isla 
de Puerto Rico estará constituido y funcio- 
nará del modo que á continuación se ex- 
presa : 

Serán Presidente y Vocales natos: 

El Gobernador general. 

El Rvdo. Obispo de Puerto Rico. 

El General segundo cabo. 

El Comandante principal de marina. 



172 

El Presidente y el Fiscal de la Audiencia 
territorial. 

El Teniente Coronel del Cuerpo de Volun- 
tarios de la capital. 

Los Diputados provinciales de la región 
en que esté más próxima la elección ordina- 
ria para la renovación bienal. 

El Gobierno nombrará por Real decreto 
otros seis Consejeros, dos de los cuales ten- 
drán las calidades legales, la categoría y el 
sueldo de Jefes de Administración de pri- 
mera clase, y estarán encargados de las po- 
nencias que sean necesarias para preparar 
las deliberaciones del Consejo. 

Tendrá éste una Secretaría con el perso- 
nal indispensable para el despacho de los 
asuntos. 

Sxceptuadps los dos Consejeros ponen- 
tes, el cargo de Vocal del Consejo será ho- 
norífico y gratuito para todos los miembros. 

Será requisito indispensable para desem- 
peñar el cargo de ponente en el Consejo de 
administración, haber servido un año en la 
isla como Jefe de Administración. 

Para ser nombrado Consejero, exceptua- 
dos los dos ponentes, se requiere alguna de 
las calidades siguientes: 

Ser ó haber sido Presidente de Cámara 



173 

de Comercio, de la Sociedad Económica 
de Amigos del País ó de la Asociación de 
Agricultores. 

Ser ó haber sido Director del Instituto de 
San Juan, ó decano del Ck)legio de abogados 
de San Juan de Puerto Rico, por espacio de 
dos años. 

Figurar con cuatro años de antelación 
entre los 50 mayores contribuyentes de la 
isla por impuestos sobre la propiedad in- 
mueble, ó entre los 50 mayores contribu- 
yentes por ejercicio de profesión, industria 
ó comercio. 

Haber sido Senador ó Diputado á Cortes 
en dos ó más legislaturas. 

Haber sido elegido dos ó más veces Pre- 
sidente de la Diputación, ó dos años Alcalde 
de San Juan de Puerto Rico. 

Cuando estime oportuno, podrá el Consejo 
llamar á su seno por conducto del Goberna- 
dor general para oírlos, sin que por esto 
tengan voto, los Jefes de los servicios admi- 
nistrativos. 

Las funciones del Consejo serán puramente 
consultivas. Deliberará siempre en pleno, sin 
perjuicio de las comisiones que acuerde con- 
ferir á sus individuos para el esclarecimien- 
to de los asuntos en que baya de informar. 



174 

Deberá ser oído: 

1*"* Sobre los presupuestos generales de 
gastos y de ingresos, cuyos proyectos, que 
habrá formado la Intendencia, serán eleva- 
dos todos los años, dentro del mes de Marzo 
ó antes, al Ministerio de Ultramar con las 
modificaciones hechas por el Consejo. Aun* 
que el Gobierno varíe el proyecto para pre- 
sentarlo á las Cortes á ñn de proveer á los 
servicios y obligaciones generales del Esta- 
do, acompañará siempre como informe el 
redactado por el Concejo. 

2.* Sobre las cuentas generales que la 
Intendencia de Hacienda rendirá sin excusa 
todos los años dentro del semestre siguiente 
á cada ejercicio económico, comprensiva de 
los ingresos y gastos liquidados y realizados 
en la administración del presupuesto gene- 
ral de la isla. 

3.^ Sobre los asuntos del Patronato de 
Indias. 

4.' Sobre los acuerdos de la Diputación 
provincial que den ocasión á que intervenga 
el Gobierno con arreglo á la base 2.* 

5." Sobre las peticiones de reformas le- 
gislativas que emanen de la Diputación, an- 
tes de elevarlas al Gobierno. 



175 

6/ Sobre la destitucióa ó separación de 
alcaldes ó regidores. 

7.^ Sobre los demás asuntos de carácter 
admiqistrativo que las leyes determinen. 

Podrá además el gobernador general pe- 
dir al Consejo cuantos informes considere 
convenientes. 

Ba.se 4.' 

El gobernador general será el represen- 
tante del Gobierno de la Nación en la isla 
de Puerto Rico. Ejercerá, como vicerreal 
patronato, las facultades inherentes al Pa- 
tronato de Indias. Tendrá el mando superior 
de todas las fuerzas armadas de mar y tie- 
rra existentes en la isla. Será delegado de 
los Ministerios de Ultramar, de Estado, de 
Guerra y de Marina, y le estarán subordi- 
nadas todas las demás autoridades de la isla. 
Su nombramiento ó separación emanará de 
la Presidencia del Consejo de Ministros con 
acuerdo de éste, á propuesta del Ministro de 
Ultramar. 

Además de las otras funciones que por 
precepto de las leyes ó por especial delega- 
ción del Gobierno le correspondan, serán 
atribuciones suyas: 



176 

Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuteQ 
en la isla las leyes, decretos, tratados, con- 
veoios iuternacioaales y demás disposicio- 
nes emanadas del Poder legislativo. Publi- 
car, cumplir y hacer que se cumplan los de- 
cretos, Reales órdenes y demás disposiciones 
emanadas del Poder ejecutivo y que le co- 
muniquen los Ministerios de que es delegado. 

Cuando á su juicio las resoluciones del 
Gobierno de S. M. pudieran causar daños á 
los intereses generales de la Nación ó á los 
especiales de la isla, suspenderá su publica- 
ción y cumplimiento, dando cuenta de ello 
y de las causas que motiven la resolución, 
por el medio más rápido, al Ministerio res- 
pectivo. 

Vigilar é inspeccionar todos los servicios 
públicos. 

Comunicarse directamente sobre negocios 
de política exterior con los representantes, 
agentes diplomáticos y cónsules de España 
en América. 

Suspender las ejecuciones de pena capital 
cuando la gravedad de las circunstancias lo 
exigiese y la urgencia no diere lugar á soli- 
citar y obtener de 8. M. el indulto, oyendo 
el parecer de la Junta de autoridades. 

Suspender con audiencia de la misma 



^ 177 

Junta, y bajo su respousabiüdad cuando 
circunstancias extraordinarias impidan co- 
municarse previamente con el Gobierno, las 
garantías expresadas en ios arts. I."", 5.^ 6.* 
y 9.^ y párrafos primero, segundo y tercero 
del art. 1 3 de la CSonstitución del Estado, y 
aplicar la legislación de orden público. 

CSomo Jefe superior de la administración 
civil de la isla, también corresponderá al 
Gobernador general: 

. Mantener la integridad de la jurisdicción 
administrativa con arreglo á las disposicio- 
nes que rigen en materia de competencias 
de jurisdicción y atribuciones 

Dictar las disposicipnes generales necesa- 
rias para el cumplimiento de las leyes y re- 
glamentos, dando cuenta de ellas al Minis- 
terio de Ultramar. 

Guando el Gobierno haya dictado regla- 
mentos ú órdenes para el debido cumpli- 
miento de las leyes, el gobernador general 
se ajustará estrictamente á lo dispuesto por 
aquél. 

Señalar los establecimientos penales en 
que se deban cumplir las condenas, disponer 
el ingreso en ellos de los penados, y desig- 
nar el punto de confinamiento cuando los 
tribunales impongan esta pena. 

12 



178 

Suspender á los funcionarios de la admi- 
nistración cuyo nombramiento corresponda 
ai Gk)bierno, dando á éste cuenta razonada, 
y proveer interinamente las vacantes con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 

Sostener con los Ministerios de que es de- 
legado, la comunicación de todas las autori- 
dades de la isla. 

Compondrán la Junta de autoridades: 

El reverendo Obispo de San Juan de Puer- 
to Rico. 

El General segundo Cabo. 

El Comandante principal de marina. 

El Presidente y el Fiscal de la Audiencia 
de San Juan. 

El Intendente de Hacienda, y 

El Jefe de la sección de Administración 
local. 

Los acuerdos de esta Junta, que se harán 
constar en acta duplicada, remitiendo un 
ejemplar al Ministerio de Ultramar, no obs- 
tarán para que el Gobernador general re- 
suelva, bajo su responsabilidad en todo caso, 
lo que crea más conveniente. 

El Gobernador general no podrá hacer en- 
trega de su cargo ni ausentarse de la isla sin 
expreso mandato del Gobierno, y será reem- 
plazado, en caso de vacante, ausencia ó im- 



179 

posibilidad, por el General segundo Cabo, y 
en defecto de éste por el Comandante ge- 
neral del apostadero, mientras el Gobierno 
no designare otra persona para la interi- 
nidad. 

La Sala de lo criminal del Tribunal Su- 
premo conocerá en única instancia de las 
responsabilidades definidas en el Código pe- 
nal que se imputaren al Gobernador general. 
De las responsabilidades administrativas en 
que el mismo incurra conocerá el Consejo 
de Ministros. 

El Gobernador general no podrá modificar 
6 revocar sus providencias si hubiesen sido 
confirmadas por el Gobierno, si fuesen decla- 
ratorias de derechos, si hubiesen servido de 
base á sentencia judicial contencioso-admi- 
nistrativa ó versaren sobre su propia com- 
petencia. 

Las providencias que recaigan en materia 
de gobierno ó en ejercicio de facultades dis- 
crecionales, y las de carácter general y regla- 
mentario, podrán ser revocadas por el Go- 
bierno cuando éste las juzgue contrarias á 
las leyes é inconvenientes para el gobierno 
y buena administración de la isla. 



180 



Base 5.* 

La administración civil y económica de 
la isla, bajo la superior dependencia del Go- 
bernador general, quedará organizada coa 
sujeción á las siguientes reglas: 

El Gobernador general con su Secretaría^ 
que estará á cargo de un jefe de Administra* 
ción, despachará directamente los asuntos 
de política, Patronato de Indias, conflictos 
jurisdiccionales, orden público, seguridad, 
extranjería, cárceles, penales, estadística, 
personal, comunicación entre las Autorida- 
des de la isla y el Gobierno, y cualesquiera 
otros que no estén asignados á distinta com- 
petencia. 

La Intendencia general de Hacienda, que 
estará desempeñada por un jefe superior de 
Administración, tendrá á su cargo toda la 
gestión económica, la contabilidad, la inter- 
vención y la rendición de cuentas del pre- 
supuesto del Estado en la isla. De ella de- 
penderán inmediatamente las Secciones ad- 
ministrativas de las dos regiones, salvas las 
facultades de inspección que el Gobernador 
general delegue en casos determinados en 
los Gobernadores regionales. 



181 

La SecciÓD de Admiaistración local, des- 
empeñada por un jefe de AdministraciÓD, 
estará encargada de los servicios que se do- 
ten con el presupuesto provincial, de llevar 
la contabilidad, rendir y depurar las cuen- 
tas anuales del mismo presupuesto, de los 
asuntos municipales y de cumplir todos los 
acuerdos de la Diputación. 

Las plantillas de las oficinas y el proce- 
dimiento para el despacho de los asuntos se 
acomodarán al designio de conseguir la más 
extremada sencillez en los trámites y la res- 
ponsabilidad individual de los funcionarios. 

Las leyes determinarán los casos en que 
la resolución del Jefe ó Autoridad superior 
de la isla, á cuya competencia corresponda 
cada asunto según esta base, causará estado 
para dejar expedita en su caso la vía con- 
tencioso-administrativa. 

Se podrá acudir, sin embargo, en todo 
tiempo con el recurso extraordinario de que- 
ja al Gobernador general respecto de los 
asuntos en que entiendan la Intendencia y 
la Dirección de Administración, y también 
al Ministerio de Ultramar respecto de cua- 
lesquiera asuntos de la administración ó el 
gobierno de la isla; pero la queja no inte- 
rrumpirá el procedimiento administrativo, 



182 

ni el plazo hábil, ni el curso de la reclama* 
ción coQtencioso-administrativa. La cosa juz- 
gada en cada vía será inalterable en los tér- 
minos que señala la ley especial por que se 
rige. 

El Gobernador general y el Ministro de 
Ultramar, ejercitando las facultades de alta 
inspección, bien por su iniciativa, bien en 
virtud de queja, cuidarán de no interrum- 
pir el curso ordinario de los asuntos, mien- 
tras no necesiten tomar alguna providencia 
para remediar ó prevenir daños irreparables 
antes de la resolución deflnitiva de la auto- 
ridad competente. 

Art. 3.° El procedimiento electoral y la 
división de las provincias en distritos para 
las elecciones provinciales se modificarán 
por el Gobierno en las dos islas para facili- 
tar á las minorías el acceso á los Ayunta- 
mientos, á las Diputaciones y al Consejo de 
Administración de Cuba; y para aplicar á 
las elecciones de Concejales, Diputados pro- 
vinciales y Consejeros de Administración, 
en cuanto á la inclusión y exclusión de elec- 
tores y rectificación y formación anual del 
censo electoral, lo dispuesto en el Real de- 
creto de 27 de Diciembre de 1892 sobre la 
reforma de la ley electoral para la elección 



183 

de Diputados á Cortes. También se hará ex- 
tensivo á toda clase de elecciones lo dis- 
puesto en los artículos 14, 1 5 y i 6 del men- 
cionado Real decreto. 

Se computarán como si fuesen impuestas 
por el Estado, para todos los efectos electo- 
rales, las cuotas contributivas que impon- 
gan el Consejo de Administración en Cuba 
y la Diputación provincial en Puerto Rico, 
en virtud de las nuevas facultades que se les 
otorgan por esta ley. 

ARTICULO ADICIONAL 

El Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
uso que haga de las facultades que le conce- 
de esta ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.* Los Consejeros de Administración 
que se elijan en la i&la de Cuba á la promul- 
gación de esta ley, permanecerán en sus 
puestos hasta la primera renovación de las 
Diputaciones provinciales después de tras- 
curridos dos años á contar desde la fecha 
de la elección. 

2.' Desdóla promulgación de esta ley se 



1S4 

procederá á la rectificación del censo para 
las elecciones de Ayuntamientos y Diputa- 
ciones provinciales en ambas Antillas, y de 
Consejeros de Administración en la de Cuba, 
por los procedimientos que han de estable- 
cerse con arreglo al art. Z."* 

El Ministro de Ultramar dictará por Real 
decreto las medidas necesarias y fijará los 
plazos para las diversas operaciones de la 
rectificación, en términos que ésta quede 
ultimada antes de proceder á ninguna clase 
de elecciones para el establecimiento del 
Consejo de Administración de Cuba, ó para 
la renovación de la mitad de las actuales 
Corporaciones populares. 

La renovación de éstas no se diferirá por 
ningún concepto en ningún caso, á no ser 
la de los Ayuntamientos, que en el presen- 
te año, y si el Gobierno lo considerase ne- 
cesario, podrá diíeriróe hasta la primera 
quincena del mes de Junio próximo. 

fin los años siguientes la rectificación se 
hará en los términos establecidos por Real 
decreto de 27 de Diciembre de 1892, á que 
se refiere el art. 3.** 

Por tanto: 

Mandamos á todos los Tribunales, Justi- 
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autori- 



185 

dades, asi civiles como militares y eclesiás- 
ticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y eje- 
cutar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio i 1 5 de Marzo de 1 895.= 
Yo la Reina Regente.=El Ministro de Ultra- 
mar, Buenaventura de Abarzuza.)» 



XXV 

Epílogo. 

Al terminar la anterior guerra, la única 
condición que se impuso á los capitulados 
del Zanjón fué el reconocimiento de la so- 
beranía de España. De la sinceridad con que 
los Gobiernos españoles y el soldado ilustre 
que mandaba nuestras armas han procedido 
durante veinte años de tranquilidad inalte- 
rable en la isla de Cuba, son testigos los mis- 
mos que hoy, quebrantando solemnes com- 
promisos, no han podido formular una aspi- 
ración concreta enfrente de la metrópoli, ni 
alegar un solo agravio recibido de los Pode- 
res públicos, que lejos de cohibir su perso- 
nalidad, les han rodeado de todo género de 
protecciones y estímulos para elevarlos pro- 
gresivamente al nivel de las razas más prós- 
peras y civilizadas. 

La TmAJifÍA y el despotismo de España les 
han dotado de libertades politicas, en la mis- 
ma extensión en que las disfrutan todos los 
demás ciudadanos españoles, sin traba ni 



188 

cortapisa alguna; de libertades civiles que les 
aseguran el fácil y cómodo ejercicio de todos 
ios derechos; de libertades económicas^ al am- 
paro de las cuales se fomentan y crecen las 
fuentes de riqueza en aquel país, privilegiado 
por la fecundidad de sus campos y la univer- 
salidad de su comercio. 

El ABSORBENTE EocísMo dc Espaüa ha en- 
tregado la vida local de las Antillas al celo 
y á las iniciativas de sus hijos, y les ha dado 
ancha entrada en todos los órdenes de la 
Administración del Estado; enarholando, 
en ñn, sobre su suelo, el glorioso pabellón 
nacional, vencedor tantas veces en el Vie- 
jo y en el Nuevo Mundo, con las mengua- 
das miras de proteger sus intereses, guar- 
dar sus vidas y señalarles seguros derrote- 
ros de engrandecimiento en los beneñcios 
de una paz para cuya consolidación deñni- 
tiva no ha escaseado ni escaseará jamás 
cuantas concesiones legítimas demuestren 
su amor á Cuba, ni cuantos sacriñcios de 
sangre y de dinero hagan precisos los que se 
levantan en armas contra la madre Patria» 
«sin enlace ni disciplina, sin aldea miserable 
ni humilde poblado que los albergue, llevando 
la flotante tienda de monte en monte y de 
valle en valle, como los aduares errantes de 



189 

las tribus salvajes, sin otra doctrina que el 
pillaje y el robo, sin más gobierno que la 
incontrastable voluntad de sus improvisa- 
dos cabecillas, en perpetua lucha con las 
leyes de la moral, de la lealtad y del ho- 
nor.» (1) 

¿Cómo extrañar que, ante la repetición 
de tan lastimoso espectáculo, haya argüido 
el Jefe del Gobierno español con el siguiente 
razonamiento incontestable?: 

«No podemos admitir que exista el menor 
fundamento para reconocer la beligerancia 
de los insurrectos, cuyo titulado presidente 
y los demás miembros del ejecutivo, son 
nómadas, en constante movimiento, como 
las partidas rebeldes...» {1) 



Abril de 1896. 



(1) Mensaje del Presidente Grant en Junio 
de 1870. 

(2) Interview del Sr. Cánovas del Castillo, 
en Marzo de 1896, con el corresponsal en Madrid 
de The Worldy periódico de Nueva York. 



APÉNDICE 



Véanse, como maestra de la sucesiva prospe- 
ridad material de la isla de Cuba, algunos datos 
oficiales: 

Años. Toneladas. 



carera. 



1878 530.598 

1879 680.700 

1880 547.089 

1881 483.945 

1882 500.357 

1883 484.976 

1884 660.934 

Producción azu.i;|5............. mAU 

1887 610.171 

1888 630.311 

1889 626.439 

1890. 646.894 

1891 819.760 

1892 976.789 

1893 816.894 

1894 1.018.028 

La producción del tabaco, que importó en 1879 
la suma de 17.660.000 pesos, ha ascendido en 
1894 á la de 20.829.000. 



COMERCIO GENEBAL 



Importación. Exportación. totales 



Año 1850. 28.900.000 26.600.000 54.500.000 
1869. 40.100.000 84.200.000 74.300.000 



n 

77 



S. \ 96.951.000 j ifS:SSS j 212.986.000 



192 

NAVEGAOIÓN 

Año d« 1894. 



Büanis iiniisos 


BÜQÜK SUIDOS 


TOTiL 


limsro 


Toneladas. 


Siuiero 


Toneladas. 


K&jnore 


Toneladas. 


3.748 


4.358.555 


3.713 


4.050.488 


7.461 


8.409.044 



FBRBOOABRILBS 



lilómet. 



Goncedido8(De carácter \ 

híta'Sll'¡r¿;i '-'^ Total 2.765 kms. 
de 1879. . . ( ticular 107/ 



deadel879;T^'??'*!;:- 



296f 

> 

45l\ 



747 



Total d&ki lome tros concedidos. 



3.502 



Pnede considerarse que existen en la actuali- 
dad en Gaba unos 3.000 kilómetros de ferroca- 
rriles en explotación entre los de uso público y 
los particulares. 

POBLACIÓN 



Blancos 

De color. . . . 



Año d857. Año 1879. 



Año 1887. 



579.490 984.632 1.102,889 
444.510 482.211 528.798 



Totales.. 1.024.000 1.466.843 1.631.687 



198 
Gontríbaoión sobre la riqueza rdatica: 

TIPO DE aBAVAMEN 

En 1867. ........ El 10 por 100. 

n í j j 1» «^ (Subió sucesivamente el im- 
Perlododelaoam- ^^^ ^^^ ^^ ^ ^^ 

P**^* I sobre las utilidades. 

Presupuestodep>oa« *,*?^*''®''*.?w7 tabaca- 

1880-81 i ^®'^**> ®^ 1^ P^' 1^* 

'(Otros cultivos, el 16 por 100. 

(Fincas azucareras y tabaco, 
ídem de 1882-83 .| el 2 por 100. 

(Otros cultivos, el 8 por 100. 

Desde 1883-84.... p¿j}^^^«^ °^l*i^<>' «^ 2 por 

Presupuestos de gastos posteriores & la paz 
del Zanjón: 

1878-79 46.694.688 pesos. 

80-81 44.035.850 

82-83 35.860.249 

83-84 34.170.880 

85-86 31.169.658 

86- 87 25.959.734 

88-89 25.596.441 

90-91... . 26.446.810 

91-92 25.214.646 

92-93 28.074.594 

93-94 26.037.394 

94-95 Rigió el anterior. 

EXPORTACIÓN DEL AZÚCAR 

Hasta 1880-("^*^*^*^ ®^ ^ P^^ ^^ todos los fru- 
QH I tos que se exportaban, m&s un 10 

( por 100 de recargo. 

Presupues-j 

81 — lIÍ^Í^®^^'^ ®° °^ ^^ P°^ ^^ ®^ derecho 
de 6 de Jn-\ ^'^ exportación general de frutos. 

niodel880) 

13 



194 



Art . 6." — (Bedajo & 5 por 100 el recargo sobre 
Ley d e 1883( la exportación . 

Lev'de 5 71¡^^^^^^^ ^ rebaja de los derechos 
Agosto de de exportación hasta un 20 por 
1836 \ ^^' 

/El art. 14 establece un impuesto de 

I fabricación de 10 centavos por 

LeydeSOde] cada 100 kilogramos de azúcar 

J a n i o de I blanca ó centrifuga, y de 5 centa- 

1892 i vos por cada 100 kilogramos de 

r mascabado, concentrado ó mieles 

1 de purga. 

Ley de 6 de(Art. 13. Reduce en un 60 por 100 
Agosto dej los tipos de dicho impuesto y li- 
1893 f bera las mieles de purga. 

Ley de 20 del 

Febrero de [Suprimió el impuesto referido. 
1896 \ 

DERECHOS DE OABOA Y DESCARGA 

Lo restableció el art. 7.^ de la Ley de 20 de Ju- 
lio de 1882. 

Levde29daí^^ *'*'• ^^ ^J* estos derechos en un 
T ? : ^ aJ) poso por cada 1.000 kilos de mer- 
Junio(ie\'^ ' xj 
1888 r ^''^^^^'«^ V^^ se carguen ó desear- 
\ guen. 

! Otorgó la franquicia de este dere- 
cho & las mercaderías de proce- 
dencia nacional en el caso de que 
las extranjeras de igual clase es- 
tuviesen exentas de su pago por 
^ virtud de convenio. 

T^«^^oí\jJ Articulo 2.** Rebaja en un 26 por 
FebreíoS 100 el derecho de carga sobre azd- 
2^g I cares de todas clases y mieles de 
' purga. 



196 



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375.7 


850.2 
325.9 


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ESTADOS OFICIALES 



DE LAS 



enajenaciones de bienes inmuebles, préstamos 

con hipotecas y cancelaciones correspondientes, 

verificadas en la isla de Cuba en el año de 1894, 

que demuestran el desarrollo de la riqueza 

y el crédito en la Isla. 



199 



Ettado del número de fincas enajenadas en la isla 
de Coba durante el año 1894, 



REaiSTROS 



RÍLStiMB. 



Habana 

Guanabacoa 

Güines. «... 

San Antonio de los 

Bafios 

Jaraco 

Pinar del Rio 

Gnanajay 

San Cristóbal 

Baracoa 

Puerto Principe 

Bayamo 

Manzanillo 

Santiago de Gnba. • . ! 

Matanzas 

C&rdenas *.. 

Colón 

Cienfaegos 

Alfonso XII 

Sagna la Grande. . 

Santa Clara 

Remedios 

Trinidad 

Sancti-Spíritns. .. 

Holgain 

Bejucal 



26 
176 
132 

80 

226 

211 

94 

59 

37 

218 

196 

128 

292 

113 

31 

86 

106 

96 

123 

57 

100 

26 

128 

8 

108 



2.856 



Vrba&u. 



1.222 
396 
105 

234 

32 

58 

98 

19 

54 

483 

101 

197 

425 

518 

291 

96 

341 

68 

179 

129 

280 

70 

153 

55 

143 



Talor dt 
lu e&ajeoAoioiiei. 

P«M8. Ots. 



5.746 



1.489.927 
644.082^4 
571.692*64 

246.376 

382.465'55 

818.080*79 

514.208' 15 

214.672*36 

252.270 

1.030.360*65 
514.027*28 
616.996*01 

1.221.688*10 
761.881*95 

1.467.565*75 
496.468'59 

1.362.657*77 
321.124*48 
838.114*06 
543.100*30 
537.336*11 
312.101*43 
508.184*94 
217.682*24 
731.004*82 



16.613.989*10 



200 



Préatamos eonstituidos con hipoteca en la isla de 
Cuba durante el año de 1894, 



■ 


SOttI FlIOiS RÚ8fI0i8 


80B&I 


flVOiS UiBlláS 


REGISTROS 


2^ 


Importe de 
loseapitales 




Importe de 
los eapitaleí 


. 




prestados. 


» 2 

12 


prestados. 




19 


Petos. Ots. 


.So. 

181 


Pesos. Cts. 


Habana 


72.400 


283.200 


Bejnoal 


16 


60.840 


2 


3.500 


Gaanabacoa . 


7 


9.880*50 


12 


21. 598^80 


Güines 


3» 


312.248*02 


4 


6.752*50 


San Antonio 










dolos Baños 


13 


58.865*50 


6 


4.360 


Jamco 


9 


129.275*27 


n 


n 


PinardelRío 


28 


97.647*45 


11 


20.647*70 


Gnanajay. .. 


9 


18.657*58 


3 


7.280 


S. Cristóbal. 


8 


27.800 


2 


7.537 


Trinidad.... 


1 


1.000 


n 


n 


Eemedioe... 


n 


r) 


n 


it 


Santa Clara. 


7 


54.686 


20 


13.900 


Sagna la 










Grande. .. . 


15 


111.889*92 


20 


69.132*60 


Alfonso XII. 


17 


490.828*97 


9 


21.720 


Holgnín. ... 


8 


55.000 


8 


10.540 


Cienfuegos. . 


20 


321.000 


48 


158.168*66 


Colón. ...... 


18 


214.356 


7 


20.200 


Cárdenas. . . . 


18 


168.089*87 


81 


78.990*75 


Matanzas. . . 


22 


184.067*40 


41 


162.471*09 


Santiago de 










Cuba 


26 


277.962*10 


84 


93.080 


Baracoa 


45 


150.219«16 


n 


n 


Sanoti-Spiri- 










tns 


11 


14.945'75 


8 


22.500 


Manzanillo. . 


n 


n 


6 


12.903*60 


Bayamo. . . . 


8 


8.900 


1 


2.000 


Puerto Prín- 










cipe 


28 


63.808*80 


27 

476 


24.235*93 


881 


2.851.218*29 


1.024.718*62 



201 

Cancelaciones de hipotecas verificadas en la isla 
de Cuba durante el año 1894, 



REQISTROS 



Habana 

Bejucal 

Gaanabacoa 

G-üines 

San Antonio de los 

Bafios 

Jaraoo 

Pinar del Rio 

Gnanajay 

San Cristóbal 

Puerto Príncipe. . . . 

Bayamo 

Manzanillo 

Sancti-Spiritus. . . . 

Baracoa 

Santiago de Cuba.. . 

Matanzas 

Cárdenas 

Colón 

Cienfuegos 

Holguín 

Alfonso XII 

Sagua la Grande . . . 

Santa Clara 

Bemedios 

Trinidad 



limero da 


hipóte oAil 


eaneeUdái. 1 


LtgalM. 


Yol«iiU- 
rUs. 


5 


242 


T» 


20 


1» 


35 


7 


27 


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15 


9 


14 


3 


29 


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67 


n 


2 


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5 


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21 


n 


6 


n 


67 


1 


52 


10 


65 


n 


39 


1» 


54 


1 


6 


5 


32 


n 


57 


n 


17 


n 


13 


« 


3 


47 


902 



Ifflportede los 

oapiteles 

reinteg^rados. 



Patos. 



Cts. 



282.625 
37.412*38 
34.334'56 

163.016*03 

21.959*87 

58.625*29 

104.009*70 

522.431*59 

15.915*85 

148.928*87 

72.000 

59.002,45 

31.356*93 

22.480'27 

122.860 

186.872*59 

198.871*80 

214.604*11 

550.838*18 

7.251*23 

190.508*80 

317.686*23 

274.934*68 

36.682*68 

1.320 

36.777.528*08 



14 



índice 



Páginas. 

Dos PALABRAS 5 

I. — Las leyes de Indias. — Su tras- 
fonnación. — ^Rebeldías injus- 
tificadas 7 

II . — Capitulación del Zanjón 13 

III. — Abolición de la esclavitud 19 

IV. — Organización política 33 

V. — Derecho electoral. — Senadores y 

Diputados á Cortes 39 

VI. — Derecho de reunión y asociación. 49 

VII. — El Gobernador general 63 

VIII. — Administración provincial. ... 63 

IX. — Régimen municipal 66 

X.— Orden público 67 

XI. — Administración de justicia 69 

XII.— Derecho civil 71 

XIII.— Derecho mercantil 77 

XIV. — Legislación hipotecaria.. .* 79 

XV. — Registro y matrimonio civil ... 83 

XVI.— Notariado 87 

XVII.— Derecho penal 89 

XVIII.— Instrucción pública 93 

XIX.— Vida económica 97 

XX.— Deuda de Cuba 109 



{ 204 

Páffiut. 



XXI. — unificación de las carreras del 
Estado en la Península y ul- 
tramar 113 

XXII. — Provisión de cargos públicos. — 

Derechos de los cubanos 117 

XXin.— Consideraciones y recuerdos, . . 137 
XXIV. — Ley reformando el régimen de 
gobierno y administración ci- 
vil de las islas de Cuba y Puer- 
to Rico 146 

XXV.— Epilogo 187 

ApAndicb 191 

Estados oficiales de las enajenaciones 
de bienes inmuebles, préstamos con hi- 
potecas y cancelaciones correspondien- 
tes, verificadas en la isla de Cuba en el 
afto de 1894, que demuestran el desarro- 
llo de la riqueza y el crédito en la Isla. 197 



x^sozo 



TRES f^ESETAS 



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V.. 



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